Santiago, 2 de julio de 2025.
En una nueva muestra del divorcio entre la élite económica y las mayorías trabajadoras del país, la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, afirmó en entrevista con The Clinic que “todavía hay un discurso muy antiempresa” en Chile y que “es algo que tenemos que salir a combatir todos”.
Las declaraciones de la representante del gran empresariado ocurren en medio de un escenario nacional marcado por el estancamiento de los salarios, el aumento de la informalidad y el descontento social frente a la acumulación obscena de riquezas por parte de un puñado de grupos económicos, mientras millones de personas viven endeudadas, con empleos precarios o directamente excluidas del mercado laboral formal.
Jiménez, exministra de Energía en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, sostiene que el clima político “dificulta el crecimiento económico”, y defiende con vehemencia la “legitimidad” de las utilidades empresariales. Sin embargo, omite por completo el rol del empresariado en múltiples escándalos de colusión, evasión fiscal, precarización del empleo y deterioro ambiental que han marcado las últimas décadas del modelo chileno.
Desde la perspectiva de la clase trabajadora, este tipo de declaraciones no son inocuas. Representan un intento claro de blindar ideológicamente al capital y criminalizar toda crítica que provenga desde abajo, desde los sindicatos, los movimientos sociales o incluso desde sectores académicos. En lugar de escuchar la justa indignación del pueblo, la élite busca imponer nuevamente el relato empresarial como única voz válida en la discusión pública.
En vez de preocuparse por “combatir” el malestar popular, los grandes empresarios debieran explicar por qué la mitad de los trabajadores gana menos de $550 mil, por qué siguen operando sistemas como las AFP y las ISAPRE, o por qué los territorios afectados por el extractivismo —como Petorca, Quintero o el Maule Sur— no ven ni una fracción de la riqueza que se extrae de sus tierras.
La presidenta de la CPC exige respeto y aplauso a la empresa privada, pero la clase trabajadora exige respeto a sus derechos, participación real en las decisiones económicas y el fin de la impunidad del gran capital. Si algo está en crisis no es la empresa en abstracto, sino el modelo de acumulación que concentra la riqueza y socializa los costos.
Mientras la CPC habla de “combatir discursos”, el pueblo trabajador combate el desempleo, la inflación, la desigualdad y la indiferencia estructural de la élite económica. En esa lucha, la voz del pueblo no será silenciada.