Santiago, 30 de junio de 2025.
La alcaldesa de Providencia y figura presidencial de la derecha chilena, Evelyn Matthei, volvió a tomar posición a favor del gran empresariado al cuestionar duramente el informe de la Cámara de Diputados que critica el acuerdo entre Codelco y SQM para explotar el litio en el Salar de Atacama. En su opinión, el documento refleja “desconfianza hacia la empresa privada”, lo que sería, según sus palabras, “lo más grave”.
Las declaraciones de Matthei, lejos de sorprender, confirman la subordinación histórica de la derecha chilena a los intereses del capital privado, incluso cuando se trata de recursos estratégicos como el litio, cuya renta podría ser una palanca para el desarrollo autónomo del país y el bienestar de su clase trabajadora.
El acuerdo Codelco-SQM ha generado críticas transversales, no solo por permitir la continuidad del grupo Ponce Lerou en la explotación del litio —recordemos, protagonista de casos de financiamiento ilegal de la política— sino también por entregar condiciones preferentes a una empresa que ha lucrado por décadas con un recurso que es de todos los chilenos.
Desde la perspectiva de la clase trabajadora, lo “más grave” no es la crítica al empresariado, sino que los recursos naturales sigan estando controlados por conglomerados privados que no rinden cuentas al pueblo, que reparten dividendos multimillonarios entre sus accionistas mientras millones de trabajadores sobreviven con sueldos que no alcanzan para vivir dignamente.
Matthei se indigna por la desconfianza hacia las grandes empresas, pero guarda silencio frente a la desconfianza aún más profunda que sienten millones de chilenos hacia un modelo económico que les niega derechos básicos mientras enriquece a una minoría. Esa desconfianza no es ideológica: es fruto de décadas de abuso, colusión, corrupción y desigualdad.
En vez de blindar a las empresas, la discusión de fondo debería ser cómo garantizar la propiedad social del litio, asegurar que sus utilidades financien salud, educación y pensiones públicas, y que jamás vuelvan a quedar en manos de los mismos grupos económicos que han saboteado toda transformación real en Chile.
La defensa del litio no es una consigna nacionalista vacía: es una exigencia de justicia social y soberanía popular. Lo que está en juego es si Chile va a seguir siendo una bodega para los negocios del capital, o un país que pone sus riquezas al servicio del pueblo.