Santiago, 4 de julio de 2025 – Equipo El Despertar
Mientras miles de profesores y profesoras mantienen paralizadas sus funciones en todo el país exigiendo respuestas concretas a demandas históricas del gremio, el Gobierno ha optado por instalar el discurso del “costo fiscal”, estimando en $100 mil millones de pesos el impacto económico de la movilización docente. La cifra fue entregada por el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, en un intento evidente por desplazar el eje del conflicto hacia lo contable, y no hacia el abandono sistemático que ha sufrido la educación pública.
“La movilización no es gratuita”, señaló Cataldo, en una frase que revela más de lo que pretende ocultar: para el Ejecutivo, el problema no es la precariedad de los profesores, sino el presupuesto que deben usar para no seguir ignorándola.El paro nacional, convocado por el Colegio de Profesores, se mantiene firme en varias regiones del país y ha ganado respaldo ciudadano, a pesar de los intentos del Gobierno y los grandes medios por reducirlo a un “problema de plata”.
Entre las demandas del magisterio se encuentran:
- La deuda histórica con los profesores traspasados a municipios en dictadura, nunca resuelta por ningún gobierno;
- El pago oportuno de sueldos y asignaciones en regiones abandonadas;
- La mejora urgente de infraestructura escolar;
- Un sistema de financiamiento que deje de beneficiar a sostenedores privados y fundaciones corruptas.
Pero en lugar de responder con soluciones estructurales, el Gobierno de Gabriel Boric opta por denunciar el “daño económico” de la movilización, repitiendo la misma lógica neoliberal que en su momento defendieron Piñera y Bachelet.
“Nos dicen que el paro cuesta 100 mil millones, pero nadie calcula cuánto ha costado al país ignorar a los profesores por décadas”, señaló la dirigenta del Colegio de Profesores, Miriam Vergara, desde Valparaíso. “Lo que hacemos no es un gasto, es una defensa de la dignidad. Costo es pagarle subvención a colegios que estafan al Estado, o permitir que los bancos ganen millones con el CAE”.
Según especialistas críticos, el discurso del “costo fiscal” no es inocente: tiene como objetivo instalar en la opinión pública la idea de que los movimientos sociales son una amenaza para la estabilidad del país, cuando en realidad son la única respuesta organizada ante el colapso del modelo. Nicolás Cataldo aseguró que “no es viable aceptar todas las demandas del magisterio”, apelando a la responsabilidad fiscal. Sin embargo, el mismo Ejecutivo ha destinado millonarios recursos a subsidios para el gran empresariado, ha perdonado impuestos a las forestales en La Araucanía, y ha seguido transfiriendo recursos públicos al negocio privado de la educación.
“Este es un gobierno que prefiere pagarle a los sostenedores que a los profesores”, resume Juan López, dirigente sindical del sector público. “No hay plata para saldar la deuda histórica, pero sí para tapar los hoyos del modelo”.El conflicto docente no se trata de números: se trata de justicia. Se trata de un Estado que durante décadas ha utilizado a los profesores como carne de cañón del modelo educativo neoliberal, y que hoy, incluso bajo un gobierno supuestamente progresista, sigue aplicando la lógica empresarial: que todo se mide en dinero, excepto la dignidad de quienes educan al pueblo.