Cada año en Chile, miles de trabajadores son mutilados, intoxicados o asesinados en sus puestos de trabajo. Los llaman “accidentes laborales”, como si fueran hechos fortuitos, cuando en realidad son consecuencias directas de un modelo económico basado en la explotación del trabajo humano para la acumulación de capital.
Esta semana, los medios del capital han vuelto a levantar el tema bajo el lema amable de “prevenir lo evitable”. Una consigna tecnocrática y cínica, que reduce la masacre diaria en las obras, fábricas y campos a un problema de “protocolos” o “falta de capacitación”. Pero los muertos no se deben a errores aislados, sino a la lógica estructural del trabajo bajo el capitalismo: maximizar la productividad al menor costo posible, incluso si eso implica sacrificar vidas obreras.
Se señala que hay más de 100.000 accidentes laborales al año en Chile. ¿Y cuál es la respuesta del aparato estatal? Campañas de concientización, frases vacías sobre “la importancia de la prevención” y llamados a “la cultura de la seguridad”. Pero en ningún momento se menciona el fondo del problema: que el trabajador no controla ni los medios de producción ni el ritmo de trabajo, y que la seguridad en el lugar de trabajo depende enteramente de los criterios de rentabilidad del empleador.
La empresa determina el equipo, la maquinaria, los turnos, las condiciones térmicas, las medidas de protección, y el trabajador, bajo amenaza de despido, acepta el riesgo como parte del salario. Como ya advertía Marx en El Capital:
“En la producción capitalista, la economía en el uso de los medios de producción se logra únicamente a costa de un derroche del poder y la salud del obrero.”
— Marx, El Capital, Tomo I, Ediciones Progreso, 1980.
Las mutualidades, los organismos fiscalizadores y las Superintendencias laborales no son garantes de justicia ni defensores de los trabajadores. Son aparatos de contención y gestión del riesgo, cuyo objetivo es minimizar el costo para el empleador cuando el obrero sufre una lesión o muere. Hablan de “rehabilitación” y “reintegración”, pero callan sobre la precariedad, los contratos basura, el subcontrato y el empleo informal, donde no hay ni siquiera registro oficial de los accidentes.
Mientras tanto, los grandes gremios empresariales —como la CPC y la Sofofa— solo ven en la seguridad laboral un costo adicional a reducir por medio de la externalización y la robotización parcial.
Cuando un trabajador pierde una pierna, un ojo, o la vida entera en su faena, la empresa sigue operando. El seguro paga una miseria. La familia queda en la ruina. Y el Estado entrega cifras asépticas en PowerPoint, como si se tratara de daños materiales. Lo llaman “externalidades del desarrollo”. Lo que no dicen es que, bajo este régimen, la vida del obrero vale menos que la máquina que opera.
La “urgencia” no es prevenir lo evitable. La urgencia es poner fin a un sistema que hace del sufrimiento una condición estructural del trabajo. No se trata de cascos ni de cursos de RCP. Se trata de quién manda y quién obedece en el taller, la obra o la fábrica. Y mientras el patrón mande, el trabajo seguirá siendo una forma de violencia organizada.
Los accidentes laborales no son accidentes. Son el resultado necesario de un sistema de producción que privilegia la ganancia por sobre la vida humana. No habrá “cultura de la seguridad” mientras exista el trabajo asalariado y la propiedad privada de los medios de producción.
La única verdadera prevención pasa por la abolición del régimen capitalista del trabajo, la toma obrera de los medios de producción, el control colectivo sobre los procesos industriales y la planificación racional de la producción en función de la vida, y no de la ganancia.
“La historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases.”
— Marx y Engels, Manifiesto del Partido Comunista