La última auditoría de la Contraloría General de la República expone, una vez más, las profundas grietas de una institución que el poder político insiste en blindar: Carabineros de Chile. El informe revela que entre 2023 y 2024 se fiscalizaron 626 vehículos con encargo por robo que nunca fueron retirados de circulación, se ignoraron órdenes de detención por delitos graves y se permitió circular a vehículos sin patente ni revisión técnica, sin que se tomaran medidas legales mínimas.
Lejos de ser una “excepción”, lo expuesto forma parte de una lógica estructural de impunidad e ineficiencia, amparada por un modelo de seguridad pública centrado en el castigo a la pobreza y la represión del descontento social, más que en la justicia y el bienestar del pueblo.
La auditoría N°158 de la Contraloría no deja espacio a dudas: 144 personas con órdenes de detención por delitos como tráfico de drogas, abuso sexual y porte ilegal de armas fueron fiscalizadas… y dejadas en libertad. Ni una sola fue detenida. La institución no solo incumplió su deber, sino que puso en riesgo a la población al permitir la libre circulación de sujetos con causas activas.
Más de 600 vehículos con encargo por robo fueron fiscalizados por Carabineros… pero no se retiraron de circulación. Según el organismo de control, en más de 145.000 controles de tránsito Carabineros ni siquiera consultó el Sistema Unificado de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV).
En otras palabras, la policía uniformada miró hacia otro lado, demostrando una inoperancia que no es técnica ni administrativa: es política. Mientras tanto, miles de víctimas siguen esperando justicia por los robos de sus vehículos.
La Contraloría también reveló que se cursaron 869 partes a vehículos que incumplían la ley de manera flagrante: sin placa patente, sin permiso de circulación, sin seguro obligatorio, con placas ocultas o con motores adulterados. En ninguno de estos casos se retiró el vehículo, como exige la legislación vigente.
Carabineros argumentó que no pudieron actuar porque el aparcadero municipal de Melipilla estaba lleno desde 2024. Una excusa que desnuda la precariedad del sistema, pero sobre todo la falta de voluntad política para actuar donde no hay cámaras ni titulares que exploten el “orden y seguridad” como eslogan electoral.
No es la única omisión grave. Otra auditoría de Contraloría detectó más de 200 armas en manos de personas fallecidas o con antecedentes penales, que no fueron denunciadas ni retiradas. En 159 reinspecciones de 223 armas, los inspectores ni encontraron a los dueños ni vieron el arma, y sin embargo no se hicieron denuncias formales al Ministerio Público.
Se trata de un descontrol en el manejo de armas en plena crisis de seguridad, donde el mismo Estado que promete mano dura contra el delito, tolera que las armas estén en manos irregulares sin fiscalización ni consecuencias.
Desde organizaciones de derechos humanos, gremios y espacios de izquierda, se ha denunciado el doble estándar del Estado chileno en materia de seguridad. Mientras se reprime con brutalidad a pobladores, estudiantes y trabajadores que protestan, la institución encargada de hacer cumplir la ley es incapaz —o cómplice— de mantener el control frente al delito real.
“Esta no es una crisis de gestión: es el resultado de décadas de impunidad, protección política y una doctrina de seguridad que prioriza el castigo sobre la prevención, y que se niega a democratizar a Carabineros”, señaló una vocera del movimiento “Justicia Popular”.
La Contraloría ha instruido sumarios administrativos y enviado los antecedentes al Ministerio Público, pero la historia reciente muestra que la accountability en Carabineros es más promesa que realidad. La pregunta es: ¿cuántos escándalos más serán necesarios para que se inicie una reforma estructural, democrática y civil de la policía?
Porque en Chile, la seguridad sigue siendo un privilegio. Y Carabineros, un aparato de represión más que de protección.