La reciente decisión del presidente estadounidense Donald Trump de imponer un arancel del 50% al cobre importado a EE.UU. ha generado diversas reacciones en Chile. Mientras las grandes mineras privadas reaccionan con aparente tranquilidad y el gobierno aún no recibe una notificación formal, los sectores populares y sindicales alertan sobre las consecuencias estructurales de una medida que reconfigura el comercio mundial en beneficio del gran capital y en desmedro de los pueblos productores.
Una maniobra geopolítica con víctimas sociales
La medida, anunciada como parte de un paquete más amplio de proteccionismo industrial bajo la bandera de “America First”, tiene un claro objetivo: favorecer la producción interna de materias primas en EE.UU. y presionar al resto de las economías para negociar bajo condiciones unilaterales.
En la práctica, Chile exporta solo el 10% de su cobre a Estados Unidos, lo que ha llevado a las grandes compañías mineras, como Anglo American, BHP y Antofagasta Minerals, a minimizar el impacto inmediato. Sin embargo, la cotización del metal se disparó más de un 13%, llegando a los 5,59 dólares la libra, generando expectativas de ganancias extraordinarias… para las grandes empresas. El pueblo trabajador, en cambio, verá esta alza reflejada en el encarecimiento de productos electrónicos, eléctricos y de construcción.
China y las mineras privadas: los grandes beneficiados
En un giro que parece irónico, la gran beneficiada de la medida proteccionista de Trump es China, que concentra más del 40% de la refinación mundial de cobre y no está afectada por el arancel. La medida, según ejecutivos del sector, “regala una ventaja competitiva inexplicable” al gigante asiático. Pero más que un error, esto revela el verdadero carácter de la guerra comercial: reordenar el mercado global al servicio de los intereses de las potencias, sin consideración por los países productores ni sus trabajadores.
Sindicatos denuncian: “El cobre se convirtió en moneda de cambio”
Desde las organizaciones sindicales del sector minero, se alzaron críticas contra la pasividad del Estado chileno y el enfoque meramente comercial de las mineras. “No se trata solo de cuántas toneladas se exportan ni a qué precio. Se trata de soberanía económica, de qué modelo de desarrollo queremos y a quién beneficia”, señalaron desde la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC).
Las demandas apuntan a: Inversión estatal en industrialización del cobre, que permita generar valor agregado en Chile; Control democrático sobre los precios y exportaciones de los recursos naturales; Recuperación de una política minera soberana, en la que el cobre vuelva a ser “el sueldo de Chile” para su pueblo, y no para el capital transnacional.
Codelco y el Estado: entre la incertidumbre y el silencio
Desde el gobierno, aún no se ha recibido ninguna comunicación oficial sobre la entrada en vigencia del arancel. Codelco, la mayor productora estatal de cobre, se limitó a señalar que espera claridad sobre la posibilidad de aplicar excepciones, aunque reconoció que las exportaciones a EE.UU. son marginales en su balance.
Sin embargo, en sectores de la izquierda crítica se teme que la ausencia de una respuesta política estructural deje a Chile —una vez más— en la posición de simple exportador de materias primas, sin control ni planificación de largo plazo.
Conclusión: lo que está en juego
La medida de Trump no es un simple ajuste arancelario. Es una señal del tipo de relaciones internacionales que se están configurando en el nuevo orden mundial: autoritario, desigual y subordinado a los intereses de las potencias. Frente a ello, la clase trabajadora chilena debe exigir un nuevo modelo productivo, centrado en la soberanía nacional, la justicia social y el control democrático sobre los recursos estratégicos.