Chile figura entre los países con la tarifa eléctrica más alta de América Latina, de acuerdo con un informe publicado por GlobalPetrolPrices.com y replicado por El Mostrador. Según los datos, el precio promedio del kilovatio hora (kWh) en el país supera ampliamente al de naciones como Argentina, Bolivia y Paraguay, donde la energía es gestionada por el Estado o tiene fuertes subsidios sociales.
Pero lejos de ser una excepción o una “distorsión del mercado”, el alto costo de la electricidad en Chile es la expresión normal del modelo neoliberal, donde los servicios básicos son mercancías gestionadas por oligopolios privados bajo lógica de rentabilidad, no de acceso universal.
Luz cara, modelo caro: la factura de vivir en un país privatizado
La estructura tarifaria chilena se basa en contratos con generadoras privadas (Endesa, Colbún, AES Andes, etc.), distribuidoras concesionadas (Enel, CGE) y regulaciones estatales que protegen la rentabilidad del negocio, no los derechos de los usuarios. La electricidad en Chile no es un derecho, sino un producto financiero. Se compra, se vende, se subasta. Y en esa lógica, el hogar trabajador es cliente cautivo de un mercado que no puede abandonar.
Como señaló Marx:
“El capital no tiene en cuenta la salud ni la vida del obrero, salvo cuando la sociedad lo obliga.”
(El Capital, Tomo I)
En Chile, el capital eléctrico no tiene freno. Porque el Estado ha sido diseñado para protegerlo, no para regularlo.
¿Por qué otros países pagan menos? Porque no entregaron su energía al capital extranjero
En Paraguay, la energía hidroeléctrica de Itaipú y Yacyretá se gestiona de forma binacional y estatal. En Bolivia, las tarifas están subsidiadas y el Estado controla la generación. En Argentina, aunque con dificultades, existen empresas públicas con participación activa. Solo Chile exhibe con orgullo su “modelo competitivo”, que ha significado precios altos, concentración y dependencia.
El resultado: los hogares chilenos pagan más por un servicio esencial, mientras las grandes mineras y las forestales reciben precios preferenciales negociados en bloque.
La electricidad es indispensable para la vida moderna: cocinar, calefaccionarse, estudiar, trabajar, refrigerar medicamentos. Por eso, su control no es técnico: es político. Permitir que esté en manos privadas es renunciar a la soberanía energética y condenar a los sectores populares a la precariedad permanente.
Las tarifas eléctricas son hoy una forma silenciosa de extractivismo doméstico, donde los dueños de las generadoras —muchos de ellos fondos de inversión extranjeros— extraen renta del pueblo trabajador cada mes, con aval del Estado.
Conclusión: la luz es cara porque el capital manda
Chile no tiene luz cara por casualidad ni por mala gestión. Tiene luz cara porque así lo diseñaron los arquitectos del modelo en dictadura y lo administraron los gobiernos civiles durante 30 años. Porque el capital energético se sienta en La Moneda más cómodamente que cualquier ciudadano común.
La energía no debe ser un negocio: debe ser un derecho garantizado, público, sustentable y soberano. Y eso no se logra con tarifas “más competitivas”, sino con control popular, nacionalización estratégica y ruptura del monopolio privado.