Una fuerte controversia se desató esta semana tras la difusión en redes sociales de un video promocional del denominado “primer Autofact laboral”, una plataforma que permite a empresas consultar antecedentes judiciales, sindicales o “conflictivos” de postulantes a un empleo, con el objetivo —según sus impulsores— de reducir “riesgos laborales” y mejorar los procesos de selección.
El proyecto fue difundido en LinkedIn por el empresario Felipe Malgue, quien lo presentó como una innovación para “modernizar” el mundo del trabajo, equiparándolo a herramientas de chequeo automotriz como Autofact. La publicación fue acompañada de un reel en Instagram que promueve la consulta de antecedentes antes de contratar.
Sin embargo, la iniciativa fue duramente cuestionada por organizaciones sindicales, expertos en derechos laborales y la propia Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que presentó una denuncia formal ante la Dirección del Trabajo, acusando la existencia de una lista negra encubierta.
¿Un “certificado laboral”? La línea entre datos públicos y discriminación
El sistema se publicita como una plataforma de “verificación de antecedentes laborales y judiciales”, donde un empleador puede acceder a información sobre demandas previas por tutela laboral, participación sindical, causas civiles pendientes u otros elementos considerados “riesgosos”.
La CUT denunció que este tipo de herramientas vulnera el principio de no discriminación en el empleo, además de atentar contra la libertad sindical y el derecho a la defensa judicial de los trabajadores.
“Esto no es un avance tecnológico, es una práctica antisindical disfrazada de innovación”, señaló un vocero de la multisindical.
Dirección del Trabajo toma cartas en el asunto
Ante la presión mediática, la Dirección del Trabajo confirmó la apertura de una investigación para determinar si el uso de esta plataforma incurre en prácticas de discriminación o listas negras laborales, lo que está expresamente prohibido por el Código del Trabajo.
Además, abogados laboralistas advirtieron que si se demuestra que los datos ofrecidos por la plataforma provocan la exclusión de personas por haber ejercido derechos laborales, los responsables podrían enfrentar sanciones administrativas e incluso judiciales.
Debate ético y político: ¿hasta dónde puede llegar el control empresarial?
La controversia ha abierto un debate más amplio sobre el uso de bases de datos privadas en procesos de selección laboral. Aunque la empresa no ha informado públicamente qué fuentes utiliza ni cómo obtiene la información, organizaciones de derechos digitales temen que se trate de un modelo de vigilancia privada sin control ni fiscalización.
La parlamentaria Gael Yeomans (CS) anunció que presentará una solicitud para que la Cámara investigue el caso, mientras desde el oficialismo algunos sectores piden actualizar la legislación laboral para impedir mecanismos de filtrado ideológico o sindical.
Precedente peligroso para el mundo del trabajo
Para expertos en relaciones laborales, lo más preocupante es el precedente que podría sentar esta herramienta si no se sanciona con claridad. “Hoy es una base de datos informal; mañana podría ser una política empresarial institucionalizada que excluya a quienes defienden sus derechos”, advirtió el abogado laboralista Manuel Ahumada.
La CUT llamó a todos los trabajadores a estar atentos y organizados ante esta nueva amenaza, y reiteró que defender el derecho a la organización, la huelga o la acción legal no puede convertirse en causal de castigo en el mercado laboral.