La Ley 20.249, conocida como Ley Lafkenche, permite a las comunidades costeras indígenas solicitar la creación de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPOs), donde se protege el uso tradicional del borde costero. Esta ley no concede propiedad privada, pero sí limita concesiones a empresas salmoneras, pesqueras y portuarias.
Por Equipo El Despertar
Una nueva ofensiva del Estado chileno se despliega sobre los territorios indígenas, esta vez con la excusa de la “modernización legal”. La Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar denunció públicamente las maniobras legislativas que buscan modificar la Ley Lafkenche, herramienta que protege los espacios costeros de pueblos indígenas frente a la expansión del capital extractivista.
Pero lo que se presenta como una “actualización normativa” no es más que una embestida coordinada del capital pesquero-industrial, camuflada tras un lenguaje técnico. Se trata, en términos marxistas, de una nueva fase de acumulación por desposesión.
La Ley 20.249, conocida como Ley Lafkenche, permite a las comunidades costeras indígenas solicitar la creación de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPOs), donde se protege el uso tradicional del borde costero. Esta ley no concede propiedad privada, pero sí limita concesiones a empresas salmoneras, pesqueras y portuarias.
Esa sola posibilidad de restricción ha desatado la furia de los gremios empresariales del mar, que exigen “regulación”, es decir: flexibilización legal para expandirse sin obstáculos comunitarios ni ambientales.
Como explicaba Marx en El Capital (Tomo I), la acumulación capitalista requiere despojar a los pueblos de sus medios de vida: “El capital no puede surgir sino cuando el productor directo es separado de los medios de producción.” En este caso, el capital busca separar al pueblo mapuche-lafkenche de su vínculo histórico con el mar.
La ofensiva actual busca imponer una modificación de la ley que subordine los ECMPOs al llamado ‘ordenamiento territorial’. ¿Qué significa eso? Que los derechos colectivos de los pueblos originarios pasarían a estar condicionados a los intereses productivos del capital, definidos por el propio Estado.
Así, el derecho indígena sería tolerado… si no molesta al mercado. Lenin lo advirtió en El imperialismo, fase superior del capitalismo: “El capitalismo monopolista de Estado no suprime el imperialismo; lo organiza y lo refina. Esto es precisamente lo que hace la nueva arquitectura legal chilena: refinar el despojo con lenguaje administrativo.
La Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar denuncia este proceso con una claridad política admirable. Afirman que la reforma legal es una amenaza directa a sus formas de vida, su soberanía territorial y su derecho a decidir sobre sus territorios. Rechazan toda subordinación al “ordenamiento productivo” y exigen que el mar no se convierta en una zona de sacrificio al servicio del capital.
Este posicionamiento no es solo una defensa cultural; es una posición política de clase, que enfrenta directamente el modelo extractivista y el Estado burgués que lo sustenta. Lo que está en juego es una forma comunitaria y anticapitalista de vida, frente a la expansión de un capital que solo conoce una ley: la ganancia.
La modificación de la Ley Lafkenche no es una simple reforma: es una maniobra del capital chileno —especialmente salmonero y portuario— para profundizar la apropiación de los bienes comunes, desplazando comunidades indígenas y subordinando la legislación a sus intereses.
La lucha de las mujeres originarias por la defensa del mar es, en esencia, una lucha de clases en clave territorial y anticolonial. En ella se encarna la resistencia de los pueblos contra el avance implacable del capital sobre la vida.