La detención del lonko ocurre en un contexto de persecución permanente. Su padre, Pascual Pichún, también fue encarcelado en el marco de montajes judiciales en los 2000. Ahora, el mismo patrón se repite: allanamientos, violencia policial y detenciones arbitrarias, justificadas bajo leyes “antiterroristas” elaboradas a medida del empresariado.
Por Equipo El Despertar
El reciente arresto del lonko mapuche Juan Pichún Collonao, referente político y parte de una familia históricamente perseguida, no es un hecho aislado. Es otro capítulo en la guerra de baja intensidad que el Estado chileno sostiene contra el pueblo nación mapuche desde hace más de un siglo, y que hoy, bajo el ropaje de legalidad democrática, se ejecuta como política de Estado al servicio del capital forestal.
Esta represión no es coyuntural ni policial. Es estructural y económica: la familia Pichún, como muchas otras, es blanco del Estado porque enfrenta directamente a los intereses de las forestales, a la militarización del Wallmapu y al modelo de acumulación que convierte la tierra en mercancía.
La detención del lonko ocurre en un contexto de persecución permanente. Su padre, Pascual Pichún, también fue encarcelado en el marco de montajes judiciales en los 2000. Ahora, el mismo patrón se repite: allanamientos, violencia policial y detenciones arbitrarias, justificadas bajo leyes “antiterroristas” elaboradas a medida del empresariado.
Como explicó Marx en El Capital, el proceso de acumulación capitalista en sus fases primitivas y coloniales requiere violencia: “La violencia es el partero de toda vieja sociedad que lleva en sus entrañas otra nueva.” En el caso chileno, esta violencia no es partera de lo nuevo, sino guardiana de lo viejo: el latifundio forestal, la ocupación colonial y la servidumbre jurídica de los pueblos originarios.
El Estado chileno actúa aquí como lo que siempre ha sido: una maquinaria al servicio del capital, cuya función no es la neutralidad, sino la preservación del orden de propiedad. En este caso, el orden de las empresas CMPC, Arauco y otras tantas transnacionales que controlan millones de hectáreas en el Wallmapu.
El lonko Juan Pichún no es detenido por un crimen: es detenido por su liderazgo, por su rol en la defensa territorial, y por su negativa a someterse a la legalidad del invasor. En palabras de Engels en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado: “El Estado no es un poder impuesto desde fuera a la sociedad; es más bien un producto de la sociedad en un determinado grado de desarrollo.”
Y en Chile, ese grado de desarrollo se llama capitalismo extractivista colonial. La represión no se ejecuta solamente con armas, sino también con leyes, fiscales y medios de comunicación. El llamado “Estado de Derecho” aplica una estrategia de lawfare indígena, que encarcela líderes mapuche por presunciones, montajes o causas inventadas, mientras los dueños de las forestales saquean impunes.
El “delito” del lonko Pichún es exactamente el mismo que el de cualquier dirigente revolucionario: negarse a obedecer a los amos del capital. Su detención no puede entenderse fuera de la lógica del capital: el Wallmapu es un territorio codiciado por sus recursos, y el pueblo mapuche, en tanto sujeto histórico que no ha sido completamente integrado al Estado-nación burgués, es un obstáculo para la acumulación.
Por eso el Estado lo reprime. No por razones de seguridad, sino porque el capital necesita tierra sin pueblos, ríos sin nombres indígenas, y líderes sin voz. La resistencia del pueblo mapuche —y de la familia Pichún en particular— es una forma concreta de lucha de clases en territorio ocupado.