El escándalo no es solo moral; es estructural. El Poder Judicial chileno es una institución burguesa, diseñada no para impartir justicia, sino para garantizar la continuidad del orden de propiedad. Lo que ha quedado en evidencia con el Caso Lexus es que sus privilegios se sostienen en el secreto, el corporativismo y el blindaje entre pares.
Por Equipo El Despertar
Chile, país de las apariencias institucionales, vive un nuevo escándalo: la filtración de audios internos de la Corte Suprema revela que el máximo tribunal del país intentó encubrir deliberadamente información sobre el “Caso Lexus”, un oscuro episodio donde ministros del Poder Judicial habrían autorizado la compra de vehículos de alta gama con fondos públicos, en plena crisis económica.
Mientras millones sobreviven con sueldos y pensiones de hambre y los tribunales se llenan de causas por deudas, usurpaciones y desalojos, los jueces del más alto tribunal disfrutan de automóviles que valen más que 5 años de salario de un obrero. Y lo que es peor: se organizan internamente para que nadie se entere.
El escándalo no es solo moral; es estructural. El Poder Judicial chileno es una institución burguesa, diseñada no para impartir justicia, sino para garantizar la continuidad del orden de propiedad. Lo que ha quedado en evidencia con el Caso Lexus es que sus privilegios se sostienen en el secreto, el corporativismo y el blindaje entre pares.
Como bien decía Engels en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado: “La justicia del Estado es siempre la justicia de la clase dominante.” Y cuando esa clase dominante es puesta en entredicho, sus propias instituciones se encargan de limpiar el rastro.
Según El Mostrador, los audios internos muestran a ministros y funcionarios judiciales acordando activamente cómo evitar que la prensa y el Congreso accedan a la información sobre las compras, incluyendo instrucciones para ocultar documentos, manipular comunicaciones internas y “ordenar el discurso institucional”.
En otras palabras: crimen y encubrimiento, desde el corazón del aparato judicial. Es el viejo principio de la aristocracia del Estado: cuando los de abajo se organizan, se reprime; cuando los de arriba roban, se encubre.
Mientras los jueces buscan viajar en Lexus, los trabajadores chilenos enfrentan condiciones de vida cada vez más precarias: viviendas hacinadas, salud colapsada, salarios estancados, pensiones miserables y persecución laboral. Y cuando buscan justicia, terminan ante un tribunal que les exige paciencia, respeto, y silencio.
¿Quién puede creer que este Poder Judicial sirve al pueblo o que busca el bien comun? ¿Quién puede sostener que hay “igualdad ante la ley” cuando los propios jueces se autoasignan lujos pagados con impuestos de los trabajadores?
Como señala Marx en Crítica al programa de Gotha: “El derecho no puede estar nunca por encima del nivel económico y cultural de la sociedad.” Y en este caso, el “derecho” está muy por debajo incluso de eso. Está al nivel del cinismo de clase.
El Caso Lexus es una radiografía exacta del verdadero carácter del Estado chileno. Su poder judicial no es imparcial, ni austero, ni republicano: es una casta blindada que sirve al capital y vive como nobleza, en casas y autos de lujo, mientras dicta sentencias contra el pueblo.
La única justicia posible es la que nace del poder popular organizado. Lo demás son liturgias de toga y lacre para legitimar la dominación.