Los pacientes con cáncer —especialmente quienes ya no pueden trabajar— son vistos como pasivos financieros que deben ser eliminados del sistema cuanto antes. Y así, el derecho al descanso médico se convierte en un privilegio condicionado a la productividad.
Por Equipo El Despertar
Más de 16 mil personas con cáncer, muchas en etapa terminal, vieron rechazadas sus licencias médicas por parte de FONASA e ISAPRES entre 2023 y 2024. Esta cifra espantosa, no solo escandaliza por su crueldad: desnuda el carácter del sistema de salud chileno, controlado por burócratas del capital que miden la vida humana en balances financieros.
No estamos ante una falla técnica. No es “ineficiencia”. Es un crimen de clase, orquestado legalmente por una red de aseguradoras privadas y organismos públicos subordinados a la lógica de la ganancia.
Como escribió Engels en La situación de la clase obrera en Inglaterra: Cuando la sociedad coloca a cientos de proletarios en una situación en la que inevitablemente mueren prematuramente… su asesinato debe ser considerado tan real como si hubiera sido cometido con puñal o pistola.
Eso es exactamente lo que aquí ocurre: muerte planificada por razones de rentabilidad. FONASA, el seguro “público”, actúa en este caso como una gestora de costos, no como defensora del bienestar social. En vez de garantizar atención digna, compite en precariedad con las ISAPRES, que son verdaderas empresas de seguros con fines de lucro. Ambas entidades rechazan licencias médicas a enfermos graves, alegando criterios “técnicos” mientras reducen sus pérdidas y mantienen utilidades.
Los pacientes con cáncer —especialmente quienes ya no pueden trabajar— son vistos como pasivos financieros que deben ser eliminados del sistema cuanto antes. Y así, el derecho al descanso médico se convierte en un privilegio condicionado a la productividad.
En la lógica neoliberal, el trabajador sirve mientras produce. Cuando se enferma, se convierte en costo. Por eso, en vez de garantizar el cuidado y la dignidad, el sistema acelera la muerte administrativa del enfermo: licencias rechazadas, tratamientos postergados, burocracia interminable.
Lo mismo ocurre con las pensiones por invalidez, los bonos GES insuficientes, y los copagos absurdos: todo está diseñado para sostener el margen de ganancia del capital médico-financiero.
Marx lo explica en El Capital: “El trabajo crea valor solo mientras se conserva como fuerza viva; cuando no puede reproducirse, su valor de uso desaparece para el capitalista. Es decir: si el enfermo no rinde, se desecha.
El Ministerio de Salud, las Superintendencias y los organismos fiscalizadores han sido plenamente funcionales a este sistema criminal. Se indignan en la prensa, abren investigaciones, pero no tocan los pilares del modelo: la existencia misma de ISAPRES, la externalización del riesgo, la financiarización de la enfermedad, y la conversión de la salud en un bien transable.
Esto no es omisión: es política de Estado. Y los gobiernos, tanto de derecha como de centroizquierda, han sido administradores conscientes de esta arquitectura de muerte.
El rechazo de licencias médicas a pacientes con cáncer por parte de FONASA e ISAPRES no es una excepción: es la norma de un sistema capitalista que mercantiliza la salud y transforma el sufrimiento en rentabilidad.
Mientras no se desmantele por completo este modelo, seguirá habiendo listas de espera que matan, licencias negadas y decisiones de vida o muerte tomadas por contadores, no por médicos.
La única salida es una salud 100% pública, gratuita, universal y controlada por el pueblo, no por aseguradoras, clínicas privadas ni burócratas del mercado.