Aunque la propuesta ha sido leída como un “giro social”, desde sectores académicos y económicos críticos advierten que el diseño reproduce la lógica fragmentada de reformas anteriores, sin tocar los cimientos de la concentración de riqueza ni la lógica especulativa del capital financiero.
Por Equipo El Despertar
El Gobierno presentó esta semana su nuevo proyecto de reforma tributaria, con el que busca recaudar cerca de US$1.000 millones anuales. El foco está en aliviar la carga de las pymes, quienes tributarán de forma más simple; de los arrendatarios de clase media, quienes podrán descontar parte del arriendo; y de los adultos mayores, a quienes se les limitará el pago de contribuciones. Para financiarlo, se proponen ajustes al impuesto global complementario, fin de exenciones a fondos de inversión y una postergación del controvertido reavalúo fiscal.
Aunque la propuesta ha sido leída como un “giro social”, desde sectores académicos y económicos críticos advierten que el diseño reproduce la lógica fragmentada de reformas anteriores, sin tocar los cimientos de la concentración de riqueza ni la lógica especulativa del capital financiero.
Lo que propone el proyecto:
- Pymes: eliminación del impuesto de Primera Categoría bajo régimen transparente, facilitando la tributación de rentas efectivas por parte de los dueños.
- Monotributo social: para microemprendimientos del 80% más vulnerable, con pago unificado.
- Crédito tributario por arriendo: tope de 8 UTM para arrendatarios formales de vivienda principal.
- Contribuciones: límite del 5% de los ingresos mensuales para adultos mayores.
- Altos ingresos: tasas marginales del Global Complementario subirían a 38% y 40% para los tramos superiores.
- Exenciones: se eliminan privilegios a fondos de inversión no productivos.
- Reavalúo fiscal: postergado hasta 2027 para “revisar metodología”.
Para Alejandra Araya, economista de la Fundación Equidad Fiscal, “el proyecto contiene avances concretos para alivianar la presión sobre los sectores medios, pero deja intacto el corazón del modelo tributario: la baja carga sobre el capital, la ausencia de impuestos a la riqueza acumulada y la opacidad de las grandes fortunas”.
Desde la Universidad de Valparaíso, el sociólogo tributario Pedro Yáñez subraya: “Estamos ante una reforma diseñada para ser aprobable, no para ser transformadora. Lo que se pierde en recaudación por el reavalúo fiscal, se compensa con parches que no enfrentan la evasión estructural de los grupos económicos”.
Incluso desde sectores más moderados o francamente neoliberales, como la Fundación Chile 21, se advierte que “la medida puede ser progresiva en la forma, pero regresiva en su impacto si no se regula el mercado inmobiliario”, ya que el beneficio por arriendo podría traducirse en un incentivo encubierto al rentismo.
Desde una mirada marxista, esta reforma expresa los límites de un modelo tributario diseñado no para redistribuir el poder económico, sino para preservar la gobernabilidad dentro del neoliberalismo.
Si bien se alivia a las pymes y a sectores medios, se evita confrontar a los verdaderos dueños del capital: grupos económicos que operan en paraísos fiscales, bancos que capturan renta sin generar valor y empresas extractivas que tributan marginalmente. Por otra parte, la reforma renuncia a gravar la acumulación estructural de riqueza: no hay impuesto a grandes patrimonios, ni a herencias, ni a utilidades retenidas y el capital financiero sale casi ileso, ya que los fondos de inversión pierden algunas exenciones, pero siguen sin enfrentar una carga proporcional a su impacto económico y especulativo.
La lógica que subyace es la del reformismo pactado: ofrecer beneficios a sectores medios mientras se evita el conflicto con el gran empresariado. Una fórmula que, como lo ha demostrado la historia reciente de América Latina, solo posterga las contradicciones sociales, sin resolverlas.
La nueva reforma tributaria representa un avance técnico en un escenario político fragmentado. Pero no toca el núcleo duro de la injusticia fiscal: la naturalización de una economía donde quienes más concentran, menos tributan. Una reforma verdaderamente transformadora requeriría redistribuir no solo ingresos, sino también poder económico y territorial. Eso no se logra con medidas parciales ni con pactos a espaldas del pueblo.
En momentos de crisis ecológica, endeudamiento popular y expansión del rentismo inmobiliario, la pregunta es si esta propuesta construye un sistema más justo o simplemente maquilla los privilegios de siempre.