Sáb. Ago 2nd, 2025

Trabajadores estatales en alerta: CUT y ANEF anuncian movilización ante dictámenes de Contraloría y proyecto de licencias médicas.

Jul 24, 2025
Foto Emol

La principal crítica apunta a la contralora Dorothy Pérez, a quien acusan de utilizar dictámenes “vulneradores” de derechos laborales y sindicales, y de actuar con un enfoque punitivo que invisibiliza el valor de la función pública.

por Equipo El Despertar

El conflicto entre el movimiento sindical estatal y la institucionalidad fiscalizadora del Estado alcanzó un nuevo punto de inflexión esta mañana. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) entregaron una carta al Presidente Gabriel Boric, exigiendo el retiro inmediato del proyecto de ley que reforma el Subsidio de Incapacidad Laboral (SIL), en medio del escándalo por supuestos abusos en el sistema de licencias médicas denunciados por la Contraloría General de la República.

La reforma en cuestión modifica el sistema de licencias médicas del sector público y se presenta como una respuesta técnica a presuntas irregularidades. Sin embargo, desde las organizaciones sindicales se interpreta como una ofensiva política que, bajo el pretexto del control fiscal, erosiona derechos laborales y criminaliza a los trabajadores estatales.

“Vienen por el Estado, vienen por la función del Estado, y vienen por los dirigentes sindicales”, señaló José Manuel Díaz, presidente de la CUT, anunciando que se convocará una jornada nacional de movilización en agosto, con la posibilidad de escalar hacia una huelga general.

La principal crítica apunta a la contralora Dorothy Pérez, a quien acusan de utilizar dictámenes “vulneradores” de derechos laborales y sindicales, y de actuar con un enfoque punitivo que invisibiliza el valor de la función pública.

José Pérez, presidente de la ANEF, fue enfático:

“Pretenden desde la Contraloría invisibilizar el trabajo y la función pública. Este es solo el primer golpe a la seguridad social. No podemos quedarnos en silencio”.

Lo que está en juego aquí no es solo un artículo de ley o un dictamen. Lo que se libra es una disputa por el rol del Estado en la sociedad capitalista, y por la capacidad de la clase trabajadora de defender espacios colectivos frente a la avanzada neoliberal.

De esta forma, bajo el manto de la eficiencia, se criminaliza el uso legítimo de derechos laborales básicos como la licencia médica. Simultáneamente se instala un relato anti-funcionario que prepara el terreno para nuevas privatizaciones, despidos y desmantelamiento de servicios públicos. Y en esa dirección, la Contraloría actúa como instrumento disciplinador, no como entidad garante de derechos, alineándose con las exigencias del capital financiero y los organismos multilaterales que piden “reducir el gasto estatal”.

La socióloga del trabajo Lorena Astudillo, del Observatorio Laboral de la Universidad de Chile, señala que “se está produciendo una regresión en las garantías laborales del sector público, bajo un relato tecnocrático que esconde una agenda de ajuste estructural”.

Desde la economía crítica, Pablo Guzmán, de la Fundación Equidad Fiscal, advierte: “La reforma al SIL es una reforma de austeridad encubierta. Recorta derechos laborales en nombre del equilibrio fiscal y desplaza la culpa de la crisis a los trabajadores”.

La CUT ha señalado que la jornada de movilización de agosto podría desembocar en una huelga general del sector público, con llamado extendido al sector privado. Esta posibilidad abre un nuevo escenario de confrontación social, donde el sindicalismo recupera un tono combativo que había estado apagado en los últimos años.

Este conflicto no es técnico: es político. Es una disputa sobre quién paga la crisis, quién gestiona el Estado y cuáles son los límites de la acción sindical en un contexto donde el neoliberalismo busca reinventarse a través de la austeridad, el control de los cuerpos y la criminalización del empleo público.

La movilización convocada por la CUT y la ANEF puede convertirse en el punto de inflexión que active una resistencia más amplia frente al desmantelamiento silencioso del Estado como garante de derechos: Porque lo que hoy se impone al sector público, mañana será norma en todo el mundo del trabajo.

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