Esto instala una grave sospecha de captura de poder dentro del aparato judicial, donde los mismos estudios de abogados que reciben pagos cuestionables están litigando en causas de alto impacto mediático y político, con acceso privilegiado a las cortes, vínculos con la cúspide del Poder Judicial, y en posición de moldear la agenda y los fallos judiciales mediante querellas estratégicas.
Por Equipo El despertar
La Fiscalía indaga una serie de pagos por más de 400 millones de pesos a Juan Hurtado Vicuña, abogado y pareja de la actual vocera de la Corte Suprema, la ministra Ángela Vivanco, realizados entre 2019 y 2023 por una empresa privada que ha mantenido jugosos contratos con instituciones públicas, entre ellas el Sename, municipalidades y organismos del Estado.
Pero el escándalo no termina ahí: el mismo equipo jurídico que gestionó esos pagos —el estudio Ortúzar, Vergara y Boetsch Abogados— representa hoy a la empresa Best Quality SPA, la principal querellante en el caso Achifarp, donde se investigan presuntos delitos de estafa y fraude al fisco en compras públicas de medicamentos durante la pandemia.
Esto instala una grave sospecha de captura de poder dentro del aparato judicial, donde los mismos estudios de abogados que reciben pagos cuestionables están litigando en causas de alto impacto mediático y político, con acceso privilegiado a las cortes, vínculos con la cúspide del Poder Judicial, y en posición de moldear la agenda y los fallos judiciales mediante querellas estratégicas.
Según LaBot, los pagos a Hurtado Vicuña fueron canalizados a través de asesorías y boletas, varias de las cuales no tienen justificación clara en términos de contraprestaciones. Además, las empresas involucradas han sido repetidamente beneficiadas con contratos del Estado, y hoy están en el centro de una investigación penal por posible tráfico de influencias, fraude y enriquecimiento injustificado.
Estos antecedentes —en cualquier Estado mínimamente democrático— deberían bastar para abrir una investigación interna inmediata en la Corte Suprema y exigir la inhabilitación temporal de la ministra Vivanco mientras dure la investigación. Pero en Chile, las cúpulas judiciales blindan a sus miembros con la misma rapidez con la que persiguen a estudiantes por manifestarse o a pobladores por ocupar terrenos.
Lo más escandaloso es la doble cara del sistema judicial: mientras la opinión pública es conducida hacia el caso Achifarp —donde se acusa a municipios populares y figuras vinculadas a la izquierda local de irregularidades—, la empresa querellante (Best Quality SPA) está representada por el mismo estudio que pagó millones al círculo íntimo de la Corte Suprema. Es decir: los acusadores se financian con las mismas redes que hoy están bajo investigación por corrupción de alto nivel.
¿Dónde termina el litigio judicial y comienza la operación política? ¿Cuánta legitimidad puede tener un proceso si quienes lo empujan están estrechamente ligados a los poderes que deben juzgarlo? Este montaje no es nuevo: como en el caso Enjoy, el caso Penta o el caso Luksic–Notebooks, el Poder Judicial aparece como una pieza más del engranaje empresarial que captura el Estado.
Este caso revela un patrón estructural de corrupción institucional con puertas giratorias entre estudios jurídicos y cortes supremas; con pagos privados a familiares de jueces que supuestamente administran justicia; con contratos con el Estado a cambio de influencia en tribunales; y al final, una red de impunidad oligárquica protegida por la formalidad legal.
En cualquier país, esto se llama corrupción estructural. Pero en Chile, se disfraza de “servicios jurídicos” y “autonomía del poder judicial”.
El pueblo trabajador lo sabe hace tiempo: la justicia en Chile no es ciega, es miope selectiva. Mira con lupa a los pobres, pero deja pasar millones cuando se trata de los suyos.