El comité denuncia que solo el 6 % de los ministerios informados respondió a las recomendaciones, evidenciando una graves falencias institucionales y falta de voluntad para corregir prácticas sistemáticas.
Equipo El Despertar
El Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) de Chile presentó esta semana su Cuarto Informe Anual, denunciando abusos generalizados y negligencias gravísimas en centros bajo custodia estatal: cárceles, comisarías, recintos de protección juvenil y hospitales psiquiátricos. Las vulneraciones afectan principalmente a personas especialmente vulnerables, como niños, personas con diagnósticos de salud mental, personas mayores, migrantes y diversidades sexuales ({turn0search0}).
Más de 100 visitas realizadas entre agosto de 2023 y diciembre de 2024 en 13 regiones del país, que revelaron persistentes violaciones a protocolos internacionales de derechos humanos. Prácticas reiteradas de aislamiento prolongado en prisiones, uso abusivo de contenciones físicas en unidades psiquiátricas y ausencia de intervención en casos de consumo problemático entre menores. Restricciones arbitrarias al contacto familiar y acceso limitado a atención médica o psicológica.
El comité denuncia que solo el 6 % de los ministerios informados respondió a las recomendaciones, evidenciando una graves falencias institucionales y falta de voluntad para corregir prácticas sistemáticas.
Queda claro que estos abusos no son accidentes burocráticos, sino resultado de un modelo de custodia estatal que prioriza el control sobre la contención terapéutica, criminaliza a quienes deberían recibir atención; y reproduce condiciones de tortura institucionalizada, camufladas bajo estructuras “sanitarias” o penales, muy al estilo de instancias históricas que impulsaron violencia médica sobre disidentes políticos.
Se confirma que estas violaciones reproducen un diseño estatal que sobre reconoce la seguridad institucional y minimiza la dignidad humana. El CPT subraya que sancionar casos individuales no basta: urge revisar y cambiar las estructuras, normas y prácticas que amparan estas vulneraciones.
Solo una transformación pública profunda —que reforme desde los protocolos hasta la formación de los funcionarios— permitirá garantizar el derecho a condiciones humanas dentro del encierro o internación.
Ante esta cruda realidad, urge implementar todas las recomendaciones del CPT con plazos concretos y supervisión independiente, despenalizar y comunitarizar modelos de protección, particularmente para salud mental y juventud; promover auditorías sociales con participación de movimiento de derechos humanos, académicos y la sociedad civil; y desmantelar infraestructuras represivas en la atención institucional y redirigir recursos hacia alternativas comunitarias de cuidado y acompañamiento.
Este informe no puede ser leído como un llamado técnico. Es una alerta política urgente: mientras el Estado ignore estas denuncias, el riesgo para miles de personas vulnerables se mantendrá intacto. La garantía de dignidad bajo custodia no puede ser un deseo: debe ser una exigencia. La justicia debe comenzar por reformar los aparatos estatales, no por burocracias que legitiman el abuso sistemático.