El modelo de salud chileno, heredado del pinochetismo y profundizado por todos los gobiernos postdictatoriales, se basa en la desfinanciación del sistema público y el subsidio directo al capital privado. De hecho, Fonasa deriva pacientes al sector privado y paga con fondos públicos; las Isapres retienen cotizaciones obligatorias pero seleccionan a sus afiliados por edad y salud; y el Minsal actúa como tramitador de convenios con grandes clínicas, mientras la salud primaria se cae a pedazos.
Por Equipo El Despertar
En Chile, el acceso a la salud no está determinado por la necesidad médica, sino por el nivel de ingresos. La atención médica, incluyendo hospitalización, medicamentos y exámenes, se ha encarecido más de un 150% en los últimos 10 años, superando el índice de inflación general y convirtiendo al país en uno de los más caros del continente para enfermarse.
Lo que el reciente reportaje de El Ciudadano documenta no es una “crisis” ni un “problema de regulación”, sino el funcionamiento normal de un sistema de salud diseñado para extraer rentabilidad a costa de la vida humana https://www.elciudadano.com/chile/costo-salud-chile-clinicas-isapres-farmacias/07/25/. Clínicas, Isapres, farmacias, centros de imagenología y laboratorios actúan como una sola clase empresarial, organizada para convertir la enfermedad en capital acumulado.
Según los datos expuestos, un día de hospitalización privada puede costar hasta $1.800.000, sin considerar exámenes ni medicamentos, un tratamiento oncológico mensual puede bordear los $5 millones; exámenes de sangre o resonancias tienen diferencias de hasta 800% entre centros privados y públicos, en función del “convenio” y la aseguradora; en las farmacias, los precios están dolarizados, controlados por tres grandes cadenas que coordinan precios a espaldas del usuario.
Todo esto sucede mientras las Isapres imponen planes inalcanzables, rechazan licencias médicas, excluyen patologías y transfieren al afiliado cada vez más costos.
El modelo de salud chileno, heredado del pinochetismo y profundizado por todos los gobiernos postdictatoriales, se basa en la desfinanciación del sistema público y el subsidio directo al capital privado. De hecho, Fonasa deriva pacientes al sector privado y paga con fondos públicos; las Isapres retienen cotizaciones obligatorias pero seleccionan a sus afiliados por edad y salud; y el Minsal actúa como tramitador de convenios con grandes clínicas, mientras la salud primaria se cae a pedazos.
Como lo explicó Marx en El Capital, el capital no tiene otra lógica que la acumulación, y en el caso de la salud, la enfermedad es una oportunidad de negocio: entre más enfermos crónicos, más rentabilidad farmacéutica; entre más listas de espera, más convenios millonarios con clínicas.
Los defensores del sistema dicen que existe “libertad para elegir”, pero lo que hay es coacción estructural disfrazada de elección. Un obrero no elige entre Fonasa e Isapre. Elige entre esperar seis meses por un examen o endeudarse en una clínica privada. Una mujer no elige entre medicamentos genéricos o de marca. Elige si come o se inyecta insulina.
La salud no es una mercancía. Pero bajo el capitalismo chileno, ha sido convertida en un bien de lujo, administrado por consorcios cuya única lealtad es con la ganancia.
En este escenario hay que tener claro que no se resolverá la crisis de salud con “mejor fiscalización” o “reformas parciales”, pues mientras subsista el modelo de salud privatizada, con clínicas como holding, Isapres como banca paralela y farmacias como supermercados de especulación, la enfermedad seguirá siendo sinónimo de pobreza y exclusión.
La salida no es técnica, es política: salud universal y pública financiada con impuestos al gran capital. producción estatal de medicamentos esenciales, y control comunitario sobre territorios sanitarios. Solo sacando la salud del mercado y devolviéndola a manos del pueblo, se podrá hablar de dignidad sanitaria.