En el contexto de recortes presupuestarios, alza del costo de vida y represión constante en zonas rurales y mineras, el aumento millonario de ingresos para Boluarte no es un error, es un mensaje de clase: El Estado es nuestro botín, y ustedes no cuentan.
Por Equipo El Despertar
La última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) revela que el 97% de la población desaprueba la gestión de Dina Boluarte, quien asumió la presidencia tras el derrocamiento en Golpe de estado de Pedro Castillo en 2022, quien hasta el día de hoy se mantiene en prisión en medio de un proceso absolutamente carente de objetividad y sin fundamento alguno.
El detonante de esta nueva ola de indignación fue su decisión de aumentar su sueldo en más de 5 millones de soles al año, mientras el país atraviesa una crisis estructural: hambre, recesión, masacres impunes y pérdida total de legitimidad institucional.
Pero esta cifra, devastadora incluso en términos burgueses, no refleja un desliz político, sino el colapso de una dictadura civil-militar disfrazada de gobierno constitucional.
En el contexto de recortes presupuestarios, alza del costo de vida y represión constante en zonas rurales y mineras, el aumento millonario de ingresos para Boluarte no es un error, es un mensaje de clase: El Estado es nuestro botín, y ustedes no cuentan.
Este tipo de acciones son posibles porque Boluarte no responde al pueblo, sino al bloque dominante compuesto por las Fuerzas Armadas, las corporaciones mineras extranjeras, la oligarquía limeña. la prensa concentrada y la Embajada de EE.UU. Su sueldo no es pago por trabajo. Es pago por lealtad a los intereses del capital.
Boluarte ha transitado desde la traición a Pedro Castillo a figura de continuidad del neoliberalismo autoritario. Su hoja de ruta ha sido la misma de todos los gobiernos subordinados al gran capital: criminalización de las protestas populares, represión sangrienta con más de 70 muertos por bala, alianzas con la ultraderecha y las mafias parlamentarias, negociados energéticos y mineros con EE.UU., Canadá y China; y destrucción de toda expectativa de asamblea constituyente o proceso popular.
El 97% de desaprobación no es solo estadística: es el dato de un vacío total de hegemonía.
Boluarte no gobierna. Administra, reprime y se paga sueldos como gerente colonial.
El caso Boluarte es síntoma de una crisis más profunda: la del Estado neoliberal peruano, que después de tres décadas de crecimiento extractivista ha agotado su legitimidad social. Con 8 presidentes en 10 años; con un Congreso con 90% de rechazo, con movilizaciones masivas en Puno, Ayacucho, Cusco, Apurímac; con pueblos originarios criminalizados; y con jóvenes sin educación ni empleo.
Y frente a eso, la “solución” es aumentarse el sueldo, blindarse legalmente y militarizar el sur andino.
¿Quién puede gobernar con 3% de apoyo? Solo quien tiene balas y cámaras.
Dina Boluarte ya no representa ni siquiera a la clase media limeña que la toleraba. Solo representa a los dueños de las mineras y los guardianes del orden colonial. Por eso su permanencia no se explica por apoyo popular, sino por represión sistemática. El 97% de desaprobación no es una anécdota. Es un mandato histórico: que se vaya. Que se caiga todo el régimen. Que el pueblo construya su poder desde abajo.