“Estos procesos no fueron elecciones libres ni limpias”, sostuvo el compareciente, quien además criticó la pasividad de sectores políticos, económicos y mediáticos frente a la evidencia. Según la exposición, redes de narcotráfico no solo financiaron candidaturas, sino que infiltraron instituciones clave como el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la policía y la Corte Suprema.
Por: Equipo El Despertar
En una comparecencia pública que ha sacudido al país, un alto funcionario hondureño denunció con documentos en mano la existencia de un modelo electoral fraudulento operado con dinero del narcotráfico durante los procesos presidenciales de 2013 y 2017, y alertó sobre una peligrosa reedición de este esquema en las elecciones generales previstas para noviembre de 2025.
La declaración, respaldada por documentos judiciales del Distrito Sur de Nueva York y el expediente 1:15-cr-00379-PKC, señala al expresidente Juan Orlando Hernández y a miembros del Partido Nacional como beneficiarios directos de millonarios aportes del narcotráfico que financiaron campañas, manipularon actas y sobornaron autoridades electorales.
“Estos procesos no fueron elecciones libres ni limpias”, sostuvo el compareciente, quien además criticó la pasividad de sectores políticos, económicos y mediáticos frente a la evidencia. Según la exposición, redes de narcotráfico no solo financiaron candidaturas, sino que infiltraron instituciones clave como el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la policía y la Corte Suprema.
Una de las revelaciones más graves apunta a que, en 2013 y 2017, el sistema informático del TSE fue deliberadamente intervenido para manipular los resultados. Entre las pruebas presentadas se incluyen hojas de cálculo de sobornos, correos electrónicos, grabaciones, imágenes y testimonios de narcotraficantes convertidos en colaboradores de la justicia estadounidense.
La comparecencia también denunció la reciente decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, tomada el 15 de junio de 2025, de implementar una fase adicional en el conteo electoral —no contemplada en la Ley Electoral ni autorizada por el Congreso Nacional— lo cual, según el denunciante, constituye una “usurpación de funciones legislativas” y un peligroso precedente que abre la puerta a nuevos fraudes.
“Es el mismo modelo que permitió que el narcotráfico se tomara el Estado en 2013 y 2017, solo que ahora con maquillaje legal”, sentenció, al exigir al CNE revertir la medida y garantizar un proceso transparente.
La denuncia apunta directamente a la responsabilidad penal de los consejeros electorales que, según el documento, habrían actuado al margen de la ley, sin argumentos técnicos ni jurídicos válidos, y violando principios constitucionales de legalidad y debido proceso.
La exposición finalizó con un llamado a la ciudadanía: “El silencio es complicidad. Honduras no puede volver a construir su democracia sobre los cimientos de la impunidad”.