La licitación pública se llevó a cabo el 24 de junio mediante el Decreto Alcaldicio N° 1399, lo que implicó que el procedimiento fuera público y competitivo, contrario a la vía de trato directo utilizada previamente por la gestión municipal.
Por: Equipo El despertar
El Concejo Municipal de Ñuñoa resolvió adjudicar oficialmente una licitación pública para instalar cámaras de seguridad, puntos CCTV y un pórtico de control vehicular con identificación digital. La medida fue aprobada tras rechazar el polémico mecanismo de trato directo impulsado por el alcalde Sebastián Sichel, cuyo valor ascendía a más de $77 millones, frente a los $56 millones finalmente contratados mediante licitación pública.
El concejal Andrés Argandoña (FA) recordó que la propuesta inicial del alcalde, realizada en marzo bajo un supuesto “estado de emergencia comunal”, estaba inflada en casi un 40 % respecto al precio real del proyecto. “Menos mal lo rechazamos y cuidamos los recursos de los y las ñuñoinas”, enfatizó.
La licitación pública se llevó a cabo el 24 de junio mediante el Decreto Alcaldicio N° 1399, lo que implicó que el procedimiento fuera público y competitivo, contrario a la vía de trato directo utilizada previamente por la gestión municipal.
Esta situación desnuda una lógica problemática en la gestión pública: Revela una tendencia al uso de decretos de emergencia para evitar transparencia y participación; impone la idea de que “seguridad” debe ser privatizada sin control público; y denota una gestión que prioriza la eficiencia de fachada en vez del control comunitario lo que resulta peligroso para la democracia local.
Con la imposición de la vía de licitación, lo que se pretende es recuperar la soberanía del gasto público local, denunciando acuerdos bajo criterios de lealtad política más que de eficiencia; desmontar la política de urgencia permanente, que legitima el trato directo y deja fuera a la ciudadanía y al Concejo, y avanzar en participación real de vecinos y juntas de barrio, no solo en Consulta Ciudadana, sino en fiscalización de contratos y decisiones de seguridad.
La decisión del Concejo de Ñuñoa de rechazar el contrato directo y optar por la licitación pública no es solo un triunfo técnico: es un triunfo político. Significa recuperar espacios ciudadanizados de decisión y frenar la lógica de privatización acelerada que se camufla tras emergencias declaradas arbitrariamente.
Ahora queda el desafío de fortalecer los mecanismos participativos y evitar que futuros proyectos de seguridad se manejen como decisiones unilaterales desde La Moneda o desde la alcaldía. Porque la seguridad comunal no puede depender de contratos inflados: debe construirse desde la confianza, la transparencia y el control popular.