La gravedad del documento no radica solo en la cantidad de sumarios, sino en la naturaleza de las irregularidades detectadas. Entre ellas se identifican millonarios pagos improcedentes, adquisiciones cuestionables, conflictos de interés y un manto de opacidad sobre el uso de recursos públicos. Todo esto ocurre mientras amplios sectores de la población enfrentan precariedad estructural en salud, educación y vivienda.
Por Equipo El despertar
Las cifras hablan por sí solas: casi 500 sumarios administrativos en el Ejército y 74 en la Armada entre 2018 y 2023. Así lo reveló el último informe de la Contraloría General de la República, dejando en evidencia un preocupante patrón de opacidad, descontrol presupuestario y reiteradas faltas administrativas dentro de las Fuerzas Armadas.
Este informe, lejos de ser una mera rendición técnica, destapa una realidad que sectores populares, movimientos sociales y voces críticas han venido denunciando por años: el Estado dentro del Estado que representan las instituciones castrenses, resguardadas por pactos de silencio, privilegios legales y un presupuesto desproporcionado, históricamente blindado de los controles democráticos.
La gravedad del documento no radica solo en la cantidad de sumarios, sino en la naturaleza de las irregularidades detectadas. Entre ellas se identifican millonarios pagos improcedentes, adquisiciones cuestionables, conflictos de interés y un manto de opacidad sobre el uso de recursos públicos. Todo esto ocurre mientras amplios sectores de la población enfrentan precariedad estructural en salud, educación y vivienda.
Ante la presión mediática, las FF.AA. emitieron declaraciones con un tono más reactivo que autocrítico, insistiendo en que “colaboran con la Contraloría” y que “están comprometidas con la probidad”. Sin embargo, los hechos desmienten ese relato. El historial de corrupción militar en Chile, desde el “milicogate” hasta los recientes escándalos de la Ley Reservada del Cobre, ha sido sistemáticamente encubierto o minimizado.
Este nuevo informe vuelve a abrir una herida en la democracia chilena: la existencia de poderes fácticos que operan al margen del control civil, sin rendición real de cuentas y con una cultura institucional que naturaliza el abuso de poder y la desidia administrativa.
¿Hasta cuándo seguirá el país tolerando que las FF.AA., formadas aún bajo la doctrina del enemigo interno, sigan disponiendo de miles de millones de pesos con escasa fiscalización y cero responsabilidad política?
Es tiempo de un control civil real, de eliminar los privilegios del poder militar, y de abrir una conversación seria sobre el rol de las FF.AA. en una sociedad democrática y justa. Porque no puede haber soberanía popular ni justicia social mientras existan zonas del Estado que operan como enclaves autoritarios.