Barrick y Newmont no son simples empresas. Son corporaciones imperialistas con historial global de despojo, contaminación y represión, en países como República Dominicana (Pueblo Viejo, Barrick: desechos tóxicos y militarización); Argentina (Veladero, Barrick: derrames de cianuro reiterados); y Ghana (Ahafo, Newmont: desplazamiento forzado y represión comunitaria)
Por: Equipo El Despertar
Las mineras Barrick Gold (Canadá) y Newmont Corporation (EE.UU.) han anunciado avances decisivos para dar luz verde al proyecto minero binacional Cerro Casale–Caspiche, uno de los mayores yacimientos auríferos no explotados del mundo, ubicado en la comuna de Tierra Amarilla, en la Región de Atacama.
El anuncio fue recibido con entusiasmo por medios empresariales y autoridades que, una vez más, reducen el desarrollo nacional a cifras de inversión extranjera, mientras encubren los impactos sociales, ecológicos y laborales que estas operaciones traerán consigo.
Porque detrás del oro, viene siempre el plomo de la represión, el cianuro de la contaminación, el agotamiento de los recursos hidricos y el silencio de las comunidades ignoradas.
Barrick y Newmont no son simples empresas. Son corporaciones imperialistas con historial global de despojo, contaminación y represión, en países como República Dominicana (Pueblo Viejo, Barrick: desechos tóxicos y militarización); Argentina (Veladero, Barrick: derrames de cianuro reiterados); y Ghana (Ahafo, Newmont: desplazamiento forzado y represión comunitaria)
Ahora, su próxima víctima es Atacama. Con Cerro Casale, pretenden: Explotar más de 23 millones de onzas de oro y 5.800 millones de libras de cobre. Pare ellos deberán instalar botaderos, tranques de relave y una mina a cielo abierto en una zona de escasez hídrica extrema, con un consumo de volúmenes gigantescos de agua fresca, aún no cuantificados públicamente, mientras disfrutarán de poder operar con exenciones tributarias y garantías otorgadas por el Estado chileno a través de tratados bilaterales.
Y todo lo anterior se hará bajo el manto discursivo del “desarrollo local”. Asi es, mientras los inversionistas celebran en Toronto y Denver, Tierra Amarilla se consolida como zona de sacrificio, con altos niveles de contaminación por metales pesados, con sus napas subterráneas sobreexplotadas por otras faenas; y una población local que enfrenta precariedad laboral, vivienda colapsada y servicios deficientes.
Y ahora, Barrick y Newmont prometen “empleos” y “reactivación”, a cambio de destruir aún más el ecosistema andino y desplazar comunidades originarias. Es el mismo guión del extractivismo capitalista:
te quitan el agua, te dan trabajo precario, y cuando terminan, te dejan un cráter y una enfermedad que te llevara a la merte antes que puedas reclamar.
El Ministerio de Minería, aplaude el proyecto, invocando la necesidad de “atraer capitales para financiar la transición energética”. Lo que omite es que el oro no es un mineral esencial para ninguna transición ecológica. El oro solo sirve para llenar bóvedas bancarias, para respaldar fondos de inversión, lujo y joyería.
Es decir, se extrae no para resolver necesidades humanas, sino para sostener la lógica especulativa del capital financiero. Y mientras tanto, Chile sigue sin tener una empresa nacional del oro ni un modelo de desarrollo soberano que impida la fuga de sus riquezas.
El proyecto Cerro Casale es una obra maestra del neocolonialismo minero. Extraerán el oro, lo exportarán en bruto, dejarán relaves tóxicos y aguas contaminadas, y se llevarán toda la renta a Canadá y EE.UU., con la complicidad de gobiernos y autoridades locales cooptadas.
Como escribió Marx en El Capital: “El capital tiene un solo impulso: expandirse sin límites, poco importa si es sobre la vida humana o el equilibrio natural.”
Frente a eso, la respuesta no puede ser solo ambientalista. Debe ser política, popular y radical: Nacionalización sin compensación de los recursos estratégicos, prohibición de megaproyectos en zonas de sacrificio; exigir soberanía hídrica y minera nacional con encadenamientos productivos que atraigan empleos de calidad y desarrollo para el país, además de un mayor control territorial comunitario sobre este tipo de proyectos.