Uribe no solo fue presidente. Fue el ideólogo del uribismo, una corriente política criminal que fusionó neoliberalismo, militarismo, religión y paramilitarismo. La condena a 12 años no incluye, por ahora, cargos por crímenes de lesa humanidad, genocidio político o vínculos con paramilitares. Se limita a una causa de soborno procesal, donde Uribe intentó manipular testigos que lo implicaban en masacres del grupo paramilitar “Los 12 Apóstoles” en Antioquia.
Por: Equipo El despertar
El expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez ha sido condenado a 12 años de prisión domiciliaria efectiva por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, en una causa emblemática que lleva más de una década acumulando pruebas, demoras, presiones institucionales y blindaje político. El fallo de la Corte Suprema de Justicia, si bien aún puede ser apelado, representa una fractura simbólica dentro del régimen oligárquico colombiano, pues Uribe ha sido durante más de 20 años el operador clave del proyecto contrainsurgente, neoliberal y narcoparamilitar en el país.
No hay exageración en llamarlo así. Bajo su gobierno (2002–2010), la militarización de Colombia alcanzó su máximo nivel desde los años 80. Su política de “Seguridad Democrática” fue, en realidad una cobertura legal para el accionar paramilitar, con miles de desplazados, asesinatos selectivos y masacres campesinas. Fue además , el origen de los llamados “falsos positivos”: más de 6.000 jóvenes ejecutados por el Ejército y presentados como guerrilleros abatidos, para cobrar recompensas. Fue el impulsor principal de tratados de libre comercio que profundizaron el saqueo agroindustrial y la dependencia del capital transnacional y como si fiera poco. dirigió la consolidación del narcoestado: con vínculos directos, documentados y persistentes con el cartel de Medellín y con ganaderos ligados al narcotráfico.
Uribe no solo fue presidente. Fue el ideólogo del uribismo, una corriente política criminal que fusionó neoliberalismo, militarismo, religión y paramilitarismo. La condena a 12 años no incluye, por ahora, cargos por crímenes de lesa humanidad, genocidio político o vínculos con paramilitares. Se limita a una causa de soborno procesal, donde Uribe intentó manipular testigos que lo implicaban en masacres del grupo paramilitar “Los 12 Apóstoles” en Antioquia.
Esto permite al sistema simular imparcialidad judicial, desacreditar a Uribe sin tocar la estructura que construyó; y preservar al uribismo como corriente política sin su figura central.
Lo que cae no es el régimen. Es el ídolo ya desgastado, cuyo sacrificio simbólico permite a la oligarquía buscar nuevos liderazgos más funcionales a la gobernabilidad en crisis. De hecho, Uribe cae, pero la doctrina de seguridad nacional sigue vigente, los paramilitares continúan operando bajo nuevos nombres, persiguiendo líderes sociales y ambientales y tratando de desestabilizar al Gobierno de Gustavo Petro. En este contexto, el empresariado que lo financió sigue libre y los generales que ejecutaron sus órdenes aún gozan de protección.
Por eso, esta condena no debe confundirse con una victoria popular. Es solo un síntoma de la crisis interna del bloque dominante, que necesita renovar su fachada ante el desprestigio total del uribismo.
La izquierda no debe celebrar ingenuamente. El castigo a Uribe puede volverse un instrumento del reformismo oligárquico para legitimar una “nueva derecha” más presentable, sin modificar la estructura de fondo.
Como enseñó Gramsci: “El viejo mundo no termina de morir y el nuevo no acaba de nacer; en ese claroscuro surgen los monstruos.”
Uribe fue uno de esos monstruos, pero no el único. El verdadero desafío no es que caiga un expresidente: Es que caiga el régimen de guerra, saqueo y represión que él representó.