Un funcionariado del GORE Araucanía registró haber recibido llamadas directas de Paulsen, presionando por la aprobación de estos proyectos. Esta actuación se produce en medio del escándalo del denominado “Caso Convenios”, donde el gobernador regional, Luciano Rivas (RN), enfrenta acusaciones por irregularidades en la adjudicación de recursos públicos a fundaciones. La Fiscalía ya revisa múltiples transferencias en este contexto.
por Equipo El Despertar
Documentos inéditos revelan que al menos seis empresas vinculadas a la familia de Diego Paulsen, exdiputado RN y actual jefe de campaña de Evelyn Matthei, recibieron cerca de $300 millones en proyectos del Gobierno Regional de La Araucanía (GORE), hoy bajo investigación de la Fiscalía de Alta Complejidad.
Aunque Paulsen no figura como representante legal, las sociedades, Inversiones RGA Ltda., Santa Clara SpA, Inversiones G7 Ltda., Fruetta Gastronomía Ltda., Inversiones 530 Ltda. y Comercial Decorene Ltda., están constituidas por su esposa, suegro, suegra y cuñado, lo que expertos en transparencia consideran un potencial conflicto de interés.
Un funcionariado del GORE Araucanía registró haber recibido llamadas directas de Paulsen, presionando por la aprobación de estos proyectos. Esta actuación se produce en medio del escándalo del denominado “Caso Convenios”, donde el gobernador regional, Luciano Rivas (RN), enfrenta acusaciones por irregularidades en la adjudicación de recursos públicos a fundaciones. La Fiscalía ya revisa múltiples transferencias en este contexto.
La polémica suma a antecedentes anteriores: Paulsen vendió su campo familiar a CONADI por $9.290 millones, meses después de dejar la Cámara de Diputados, lo cual suma a más de $9.600 millones en recursos estatales vinculados a su entorno. ([turn0search0][turn0search1])
Desde una mirada crítica, la cercanía política con el Estado no debería traducirse en privilegio económico, ni en una puerta giratoria con recursos públicos. La solidez del discurso meritocrático del oficialismo choca con la evidencia de redes familiares que aprovechan cargos para canalizar fondos estatales. Efectivamente, no basta con aparecer fuera del directorio: la estructura accionaria revela que Paulsen y su entorno se benefician directamente del poder político que hoy representan.
Este caso debe dejar claro algo más que sospechas legales: permite visibilizar un modelo político que reproduce desigualdad y redes con ventajas cruzadas entre lo público y lo privado. En tiempos donde se exige transparencia y limpieza institucional, la campaña de Matthei no puede ignorar estos hechos.
La ciudadanía merece saber si esta relación familiar con proyectos públicos representa competencia o corrupción. Y si hay colaboración o cooptación institucional. Exigimos una investigación independiente e imparcial, y una explicación clara desde el comando de campaña: ¿Cómo se financian estos proyectos? ¿Qué contrapartidas se entregaron? ¿En qué condiciones se aprobaron?
Mientras esas preguntas no tengan respuesta, no solo se pone en duda la candidatura de Evelyn Matthei: se cuestiona la vocación democrática de su coalición.