Un contundente informe del Center for Economic and Policy Research (CEPR), con base en Washington D.C., acaba de confirmar lo que gobiernos imperiales buscan ocultar: los bloqueos y sanciones unilaterales provocan aproximadamente 564.000 muertes anuales, una cifra similar a la causada por conflictos armados como guerras o genocidios.
La investigación, publicada en The Lancet Global Health, analiza los países sancionados entre 1971 y 2022 y demuestra que más del 51% de esas muertes corresponden a niños menores de cinco años, que más del 77% afectan a menores de 15 y adultos mayores; y que la mortalidad infantil aumenta un 21% por bloqueos prolongados, derrumbando cualquier mito de sanciones “objetivas”.
En palabras claras: sancionar equivale a castigar a la población más vulnerable con hambre, enfermedades y muerte evitables. El bloqueo no es una política diplomática, es un arma de destrucción masiva no declarada.
Estudios previos ya daban señales alarmantes: En Irán, sanciones prolongadas generaron desigualdades regionales en salud y empeoraron el acceso médico a la atención básica. En Iraq, las sanciones de los años 90 incrementaron la mortalidad infantil entre 100.000 y 250.000 niños, desmoronando el sistema de salud.
Este nuevo estudio añade un dato clave: las sanciones impuestas por EE.UU., en particular las unilaterales, son las que provocan mayores efectos mortales. Las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU no muestran impacto estadísticamente significativo, lo que refuerza la noción de que los bloqueos abiertos son una forma de castigo ilegal.
Para quienes defendemos el derecho de los pueblos a existir sin asedio económico: Las sanciones son una forma moderna de terrorismo económico, con impactos letales sobre niños, enfermos, ancianos y mujeres. Por lo mismo, no pueden aceptarse como herramientas legítimas de política exterior ya que violan principios humanitarios y centros del derecho internacional. En este contexto ha llegado la hora que las organizaciones populares y gobiernos soberanistas intervenientes, exijan su derogación inmediata, transparencia en sus efectos y reparación simbólica y material a las poblaciones castigadas.
Los muertos no son “efectos colaterales”. Son víctimas cuya vida se negoció para mantener privilegios geopolíticos. El bloqueo no es un mal necesario: es un crimen de guerra estratégico. Ya no basta con rechazar invasiones militares; hay que rechazar el arma silenciosa que mata sin disparar.
La campaña exige romper el mito de la sanción “sana” y tramitar justicia internacional: sí al alivio inmediato, a la ayuda humanitaria real, a las reparaciones urgentes y al fin del sistemático uso de sanciones.
El bloqueo ya no puede seguir quedando impune.