El veto implica que millones de jubilados verán frustrada la posibilidad de recuperar parte del poder adquisitivo perdido frente a la inflación, que ya supera el 140% anual. Organizaciones sociales y sindicatos advirtieron que la medida profundizará la pobreza en un sector donde más del 60% cobra la jubilación mínima, muy por debajo de la canasta básica. Para especialistas en seguridad social, se trata de un retroceso grave en derechos adquiridos.
Por: Equipo El despertar
El presidente argentino Javier Milei vetó este fin de semana tres leyes aprobadas por el Congreso que otorgaban mejoras económicas a jubilados y sectores vulnerables. Entre ellas, un aumento general de haberes previsionales, bonos extraordinarios y asignaciones de emergencia. La decisión fue justificada por el Ejecutivo bajo el argumento de “evitar un gasto público insostenible” y “proteger el equilibrio fiscal”, en línea con la política de ajuste pactada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El veto implica que millones de jubilados verán frustrada la posibilidad de recuperar parte del poder adquisitivo perdido frente a la inflación, que ya supera el 140% anual. Organizaciones sociales y sindicatos advirtieron que la medida profundizará la pobreza en un sector donde más del 60% cobra la jubilación mínima, muy por debajo de la canasta básica. Para especialistas en seguridad social, se trata de un retroceso grave en derechos adquiridos.
La reacción sindical fue inmediata: la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) convocaron a movilizaciones y actos en rechazo a lo que califican como un “ajuste brutal contra quienes ya trabajaron toda su vida”. Desde la oposición política, varios legisladores anunciaron que impulsarán acciones legales para revertir la medida, señalando que atenta contra principios constitucionales de protección a la tercera edad.
En paralelo, economistas críticos señalaron que el veto mantiene la lógica de priorizar el pago de deuda y los beneficios fiscales a sectores concentrados, mientras se recorta el gasto social. El gobierno ha preservado exenciones impositivas para grandes exportadoras y corporaciones, al tiempo que recorta subsidios, transfiere menos recursos a provincias y congela salarios públicos.
El caso abre un nuevo frente de conflictividad social en un país ya golpeado por la recesión y el desempleo. Para amplios sectores de la población, el veto confirma que la política económica de Milei responde a un modelo en el que el ajuste recae sistemáticamente sobre los trabajadores, jubilados y desocupados, mientras los compromisos con el capital financiero se cumplen sin discusión.