Si bien el fallo incorpora una indemnización civil de 120 millones de pesos a favor de la familia por daño moral, el destino final de Vicente sigue desconocido tras casi cinco décadas de ausencia. La pena condena a sus responsables, pero no recupera a los desaparecidos ni repone la justicia histórica que el pueblo exige.
Por Equipo El Despertar
Luego de 48 años de impunidad, la Corte Suprema de Chile ha dictado condenas definitivas contra tres exagentes de la DINA por la desaparición forzada del estudiante socialista de 19 años, Vicente Israel García Ramírez, ocurrido el 30 de abril de 1977 en la comuna de San Fernando. Los condenados son Pedro Octavio Espinoza Bravo (12 años), Raúl Eduardo Iturriaga Neumann (10 años) y Manuel Jorge Provis Carrasco (10 años). Este fallo resulta de una larga lucha judicial que incluyó ratificación previa por la Corte de Apelaciones de San Miguel.
Los hechos acreditados relatan que Vicente fue detenido por ocho agentes de la DINA, durante la dictadura de la derecha en Chile, con Pinochet a la cabeza, mientras celebraba su matrimonio y luego trasladado al Cuartel Borgoño, donde fue sometido a interrogatorios y torturas hasta su desaparición, mientras su cónyuge y familiares fueron también detenidos y liberados días después. La justicia reconoce que Vicente fue retenido sin derecho alguno, sometido a tortura y crímenes de lesa humanidad y desapareció en ese contexto represivo.
Si bien el fallo incorpora una indemnización civil de 120 millones de pesos a favor de la familia por daño moral, el destino final de Vicente sigue desconocido tras casi cinco décadas de ausencia. La pena condena a sus responsables, pero no recupera a los desaparecidos ni repone la justicia histórica que el pueblo exige.
Este juicio refrenda que la justicia ante crímenes de lesa humanidad no debe depender del paso del tiempo, ni del desgaste de testigos o del mérito oficial, aunque el paso del tiempo tenga un fuerte olor a impunidad de clase. Se trata de un compromiso con los derechos humanos, con las familias que resisten y con la memoria colectiva que no se rinde ante el olvido.
Este fallo debería servir no solo como un acto retrospectivo, sino como un impulso político hacia reformas estructurales que impidan nuevas violaciones del Estado contra su pueblo y para evitar que quienes defienden o naturalizan estos crímenes vuelvan a gobernar Chile. La justicia a medio camino no basta; exigimos verdad, dignidad y políticas públicas que la violencia de Estado no se repita, acompañadas de verdad, reparaciones y memoria auténtica.