La acusación principal señala que Quiroga y su familia ocultaron la sobreproducción excesiva en Australis, que luego derivó en multas ambientales millonarias, transformando un riesgo y la destrucción ambiental en ganancia privada. Joyvio argumentó que no se revelaron contingencias previsibles, lo que configuraría un incremento artificial del precio de venta.
Por Equipo El Despertar
Un tribunal arbitral vinculó a “El Zar del Salmón”, Isidoro Quiroga, a la obligación de restituir casi US $ 300 millones a la empresa china Joyvio, por ocultar información crítica en la venta de la salmonera Australis en 2019. El fallo considera que hubo un sobreprecio pagado debido a omisiones deliberadas en la información financiera y ambiental, y constituye la indemnización más alta en la historia del arbitraje comercial chileno.
La cifra proviene de US $ 217 millones como ajuste sobrevalorado, más cerca de US $ 75 millones en intereses desde 2019. En paralelo, se tramita una formalización penal que acusa a Quiroga de estafa y administración desleal por daños estimados en unos US $ 620 millones, lo cual muestra que tras el caso hay no solo un perjuicio económico privado, sino también un posible daño estructural al mercado y al territorio .
La acusación principal señala que Quiroga y su familia ocultaron la sobreproducción excesiva en Australis, que luego derivó en multas ambientales millonarias, transformando un riesgo y la destrucción ambiental en ganancia privada. Joyvio argumentó que no se revelaron contingencias previsibles, lo que configuraría un incremento artificial del precio de venta.
Aunque la defensa sostiene que no hubo dolo ni intención de engaño, el tribunal emitió un “reproche moral” por la forma en que la sobreproducción se convirtió en una práctica encubierta. Pese a reconocer que hubo un cambio de criterio regulatorio, concluyó que existía conocimiento interno de la situación, y que Joyvio pudo haber previsto el riesgo, aunque lo omitió. De todas formas, el tribunal rechazó anular la venta, limitándose a ordenar la restitución parcial.
Esta sentencia no debe verse como una excepción, sino como una expresión de cómo opera el capitalismo rentista: acumulación privada a costa del territorio y la degradación ambiental. Este caso debería impulsar reformas profundas: regulación estricta a las fusiones empresariales, control ambiental real y sanciones efectivas contra quienes lucran con la destrucción ecológica, la super explotación de la clase trabajadora y el engaño financiero. Solo así la justicia dejará de ser un privilegio para unos pocos y se convertirá en derecho colectivo.