La Corte Suprema resolvió inhabilitar al juez Daniel Urrutia, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, para conocer causas relacionadas con estudiantes de los llamados liceos emblemáticos, acogiendo así un recurso de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.
La decisión se produce tras meses de tensiones entre Urrutia y el Ministerio Público, que lo acusaba de actuar con “falta de imparcialidad” en casos de jóvenes detenidos en protestas, principalmente en el Instituto Nacional y otros colegios históricos. En varias resoluciones previas, el magistrado había cuestionado los procedimientos policiales y las imputaciones de la fiscalía, lo que lo convirtió en blanco de críticas desde sectores políticos y mediáticos conservadores.
Organizaciones de derechos humanos y gremios judiciales han advertido que la medida sienta un precedente peligroso, pues puede interpretarse como un castigo a jueces que aplican estándares más altos de protección a los derechos de imputados y manifestantes. Para estos sectores, el caso refleja una presión institucional para alinear y disciplinar al poder judicial con una política de “mano dura” y “criminalización” de los movimientos sociales y la protesta estudiantil.
Urrutia, conocido por sus fallos en favor de garantías procesales y su postura crítica frente a abusos policiales, no se ha pronunciado públicamente sobre la inhabilitación. Sin embargo, defensores de su labor apuntan a que su exclusión es parte de una ofensiva más amplia contra magistrados y funcionarios que cuestionan la represión estatal en contextos de movilización social.
La disputa se da en un escenario donde los liceos emblemáticos siguen siendo foco de conflicto entre autoridades y estudiantes, con un manejo mediático y político que, según críticos, prioriza la criminalización antes que el abordaje de las demandas de fondo: educación pública de calidad, democracia escolar y fin de las prácticas represivas.