El caso expone la dureza del esquema de cobro del CAE, que faculta al Fisco a retener devoluciones, cuentas e indemnizaciones, sin evaluar la situación económica actual del deudor. A diferencia de otras obligaciones, el crédito estudiantil opera con respaldo estatal que habilita embargos y compensaciones administrativas expeditas.
Por Equipo El Despertar
Un trabajador despedido denunció que la Tesorería General de la República retuvo íntegramente su indemnización por años de servicio, $7,6 millones, para saldar una deuda del Crédito con Aval del Estado (CAE). La medida lo dejó sin recursos en el mismo momento de la pérdida de su empleo.
El afectado contrajo la deuda al cursar estudios superiores hace más de una década. Tras su despido, planeaba usar la indemnización para sostener a su familia mientras buscaba trabajo, pero el pago fue derivado automáticamente al cobro de su crédito educativo, dejando a cero su colchón financiero.
El caso expone la dureza del esquema de cobro del CAE, que faculta al Fisco a retener devoluciones, cuentas e indemnizaciones, sin evaluar la situación económica actual del deudor. A diferencia de otras obligaciones, el crédito estudiantil opera con respaldo estatal que habilita embargos y compensaciones administrativas expeditas.
Organizaciones de deudores y movimientos estudiantiles sostienen que no se trata de un hecho aislado y que el marco legal traslada el costo de la educación a las familias y actúa con lógica bancaria incluso frente a trabajadores recién despedidos. Piden moratorias automáticas por desempleo, prohibición de retener indemnizaciones y una solución estructural a la deuda educativa.
Mientras el debate por la condonación del CAE sigue estancado, este caso muestra su rostro más crudo: una indemnización de $7,6 millones borrada de un plumazo, y un trabajador que, además de quedar sin empleo, queda también sin el único ahorro inmediato para enfrentar la cesantía.