Los vecinos reaccionan con indignación, porque reconocen que esta privatización encierra un doble engaño: primero, la entrega del espacio sin consulta ni participación; segundo, la conversión de un derecho (deporte, cultura) en un servicio mediado por el dinero. Donde antes había canchas abiertas, mañana habrá rejas, cobros y exclusiones. El capital privatiza para lucrar, pero también para disciplinar: restringir el acceso y reforzar la idea de que lo común siempre puede ser colonizado por lo privado.
Por Equipo El Despertar
La noticia que estremece a Huechuraba es clara: Max Luksic, heredero de uno de los clanes más poderosos de Chile, aparece vinculado a la privatización de espacios públicos, siete canchas deportivas y un centro cultural, en un convenio con el municipio. Lo que para la élite es “modernización y gestión eficiente”, para los vecinos no es más que la expropiación de su vida comunitaria en beneficio de un apellido con peso en la banca, la minería y las comunicaciones. El negocio disfrazado de progreso vuelve a repetirse: se arranca un pedazo del espacio común para engordar la billetera privada.
El malestar ciudadano no se reduce a la pérdida de canchas o de un centro cultural, sino a la evidencia de un patrón histórico: los Luksic, como tantos otros grupos empresariales, expanden su dominio no solo sobre recursos naturales y mercados estratégicos, sino también sobre la vida cotidiana de la población. Lo que está en juego aquí no es un contrato puntual, sino la forma en que la burguesía se apropia de la infraestructura social levantada con fondos públicos. Marx lo resumió con precisión: “La acumulación primitiva no es más que el proceso histórico de separación entre el productor y los medios de producción” (El Capital, Tomo I). Hoy, ese despojo se traduce en separar al pueblo de sus espacios comunitarios.
Los vecinos reaccionan con indignación, porque reconocen que esta privatización encierra un doble engaño: primero, la entrega del espacio sin consulta ni participación; segundo, la conversión de un derecho (deporte, cultura) en un servicio mediado por el dinero. Donde antes había canchas abiertas, mañana habrá rejas, cobros y exclusiones. El capital privatiza para lucrar, pero también para disciplinar: restringir el acceso y reforzar la idea de que lo común siempre puede ser colonizado por lo privado.
Lo ocurrido en Huechuraba conecta con una tendencia más amplia: la conversión de municipios en plataformas de negocios, donde las alianzas público-privadas funcionan como caballo de Troya del capital. La “gestión moderna” es, en realidad, la renuncia del Estado local a defender lo público, y la entrega sumisa a grupos empresariales que ya controlan otras esferas de la vida nacional. Así, la “patria” de los Luksic no se limita al cobre ni a los bancos: también incluye las canchas de barrio y los centros culturales.
La rabia que hoy crece en Huechuraba es síntoma de un despertar: los vecinos entienden que la lucha no es solo por un espacio recreativo, sino por el derecho a que lo común no se venda al mejor postor. Y es ahí donde se abre un terreno fértil para la organización popular. Porque si cada cancha y cada centro cultural se transforman en trincheras de resistencia, la burguesía encontrará límites concretos a su apetito.
En el fondo, este conflicto desnuda una verdad elemental: la privatización no es un error ni un exceso, es la forma de existencia del capitalismo. Donde haya riqueza social —ya sea cobre, agua o canchas de barrio—, allí irá el capital para transformarla en mercancía. Huechuraba lo sabe ahora por experiencia directa. Y la lección es clara: solo la organización popular puede impedir que la comunidad se convierta en negocio.