El INBA, como otros liceos emblemáticos, ha sido víctima de la precarización sistemática: menos recursos, falta de equipos psicosociales, abandono de la infraestructura y un clima social atravesado por la desigualdad. En ese contexto, la protesta juvenil se criminaliza mientras se soslaya el fondo del problema: la frustración de generaciones que ven cómo se reproduce un modelo educativo elitista, segregador y mercantilizado.
Por Equipo El Despertar
Los titulares hablan de “ola de violencia”, “overoles blancos” y “pérdida de horas pedagógicas”. Los apoderados del Internado Nacional Barros Arana (INBA), cansados y preocupados, han solicitado la “intervención inmediata” de la Superintendencia de Educación, exigiendo sanciones contra la Municipalidad de Santiago, planes de recuperación de clases y acompañamiento psicosocial para estudiantes vulnerables y neurodivergentes.
Pero tras la crudeza de los hechos, un inspector rociado con bencina, 245 horas perdidas, caída de la matrícula de 843 a 702 estudiantes, se esconde un problema estructural que va más allá de los episodios de violencia: el abandono histórico de la educación pública por parte del Estado y el fracaso absoluto de las propuestas del hoy Alcalde, Mario Desbordes..
El INBA, como otros liceos emblemáticos, ha sido víctima de la precarización sistemática: menos recursos, falta de equipos psicosociales, abandono de la infraestructura y un clima social atravesado por la desigualdad. En ese contexto, la protesta juvenil se criminaliza mientras se soslaya el fondo del problema: la frustración de generaciones que ven cómo se reproduce un modelo educativo elitista, segregador y mercantilizado.
El llamado de los apoderados, si bien legítimo en su desesperación, corre el riesgo de convertirse en terreno fértil para que las autoridades transformen la crisis en argumento de represión. Hablar de “intervención inmediata” sin cuestionar el modelo es abrir la puerta a medidas punitivas que solo agravan el conflicto, invisibilizando las demandas estudiantiles por un sistema educativo digno y democrático.
Lo que está en juego en el INBA no son solo “horas de clases” o “raciones de alimentación perdidas”, sino la disputa entre dos visiones: la de quienes quieren resolver la crisis educativa con más control, sanción y silenciamiento; y la de quienes luchan por rescatar la tradición de los liceos públicos como semilleros de conciencia crítica y movilidad social.
La respuesta no puede ser la intervención burocrática ni la criminalización. La respuesta debe ser más democracia, más inversión y más reconocimiento del movimiento estudiantil como actor político legítimo. De lo contrario, lo que hoy se presenta como una “ola de violencia” seguirá siendo el síntoma visible de un país que aún no resuelve la herida abierta de su educación pública.