El Estado no puede limitarse a actuar como mediador técnico. Su deber constitucional y ético es garantizar el derecho a la vivienda, aunque ello implique enfrentar los intereses del capital inmobiliario. La Constitución reconoce la función social de la propiedad; esa función no puede vaciarse de contenido cuando está en juego el destino de miles de familias. La expropiación, la regulación estricta del suelo urbano y el fortalecimiento de modelos cooperativos no deben seguir siendo tabú, sino caminos necesarios para avanzar en una solución estructural.
Por Equipo El Despertar
El fracaso de la mesa técnica en San Antonio vuelve a colocar sobre la mesa una verdad incómoda: en Chile, el derecho a la vivienda está subordinado a la lógica mercantil. Más de 10 mil personas, organizadas en 4.136 hogares, han buscado durante meses una salida digna al drama de la megatoma. El Ministerio de Vivienda logró que la mayoría de las familias se constituyeran en cooperativas, que se exploraran mecanismos de financiamiento y que se diera un marco institucional al proceso. Sin embargo, todo ese esfuerzo se derrumbó frente a la decisión de los dueños del terreno de imponer un precio que triplica la tasación oficial.
¿Puede aceptarse que la dignidad de miles dependa del capricho de una inmobiliaria? ¿Es legítimo que el derecho a techo se trate como si fuera una transacción más en el mercado, sin ponderar las condiciones sociales, humanas y comunitarias involucradas? Lo ocurrido en San Antonio refleja una realidad estructural: en nuestro país, la tierra y la vivienda han sido privatizadas al extremo, transformándose en objeto de especulación, mientras el déficit habitacional supera el millón de hogares.
El Estado no puede limitarse a actuar como mediador técnico. Su deber constitucional y ético es garantizar el derecho a la vivienda, aunque ello implique enfrentar los intereses del capital inmobiliario. La Constitución reconoce la función social de la propiedad; esa función no puede vaciarse de contenido cuando está en juego el destino de miles de familias. La expropiación, la regulación estricta del suelo urbano y el fortalecimiento de modelos cooperativos no deben seguir siendo tabú, sino caminos necesarios para avanzar en una solución estructural.
Si el Estado persiste en delegar la solución habitacional al mercado, las tomas se multiplicarán como expresión legítima de resistencia popular frente a la exclusión. No se trata de “resolver” un conflicto puntual, sino de asumir que la vivienda es un derecho humano y que, como tal, debe estar por encima de la especulación.
La megatoma de San Antonio nos recuerda, con crudeza, que la pregunta no es cuánto están dispuestos a ceder los dueños, sino cuánto está dispuesto el Estado a garantizar que en Chile nadie viva sin un techo digno.