Figueroa carga la crítica hacia la derecha: acusa una estrategia de instalación de la UDI y RN en el D9, con el movimiento de Guillermo Ramírez desde zonas “ABC1” a un distrito popular “con una estrategia de esta envergadura detrás”: la eliminación por la vía administrativa-judicial de un contendiente competitivo. La frase es contundente porque nombra lo innombrable: lawfare en versión local, donde los atajos institucionales ordenan la cancha antes del pito inicial.
Por Equipo El despertar
La secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, elevó el tono tras la salida de Daniel Jadue del padrón electoral decretada por el Tricel. En conversación con Radio Nuevo Mundo, citada por Emol (14/09/2025), Figueroa sostuvo que la derecha busca ganar por vía administrativa lo que no puede disputar en las urnas, y que “probablemente el que respira con mayor tranquilidad hoy día es Guillermo Ramírez”, presidente de la UDI, a quien acusa de ser el principal beneficiado con el reordenamiento del distrito 9. Y es asi: todas las encuestas daban por ganador por amplio margen a Jadue y el mas afectado era el presidente de la UDI, a quien se le critica el turismo electoral en un distrito que jamás ha visitado.
Para la dirigenta, el PC actuó dentro de las reglas: la candidatura de Jadue fue validada por su comité central sobre la base de la presunción de inocencia, y en la mesa de negociación parlamentaria “no hubo reparos” de otras fuerzas oficialistas. El quiebre, dice, lo introduce un fallo que inhabilita sin condena y altera la oferta electoral del D9 a semanas de la elección. No es una discusión abstracta: se trata de quién decide—si la ciudadanía en la urna o una resolución administrativa en la antesala.
Figueroa carga la crítica hacia la derecha: acusa una estrategia de instalación de la UDI y RN en el D9, con el movimiento de Guillermo Ramírez desde zonas “ABC1” a un distrito popular “con una estrategia de esta envergadura detrás”: la eliminación por la vía administrativa-judicial de un contendiente competitivo. La frase es contundente porque nombra lo innombrable: lawfare en versión local, donde los atajos institucionales ordenan la cancha antes del pito inicial.
El PC, a la vez, marca distancia del negacionismo institucional: “somos respetuosos de la institucionalidad, pero no podemos compartir el fallo… ha habido arbitrariedad”, dijo Figueroa. La diferencia es clave: respetar no implica convalidar un estándar que, aplicado selectivamente, vulnera derechos políticos. Marx y Engels lo advirtieron sin anestesia: “El derecho no es sino la voluntad de la clase dominante erigida en ley” (Obras Escogidas, Progreso, 1980). Si la vara cambia según el candidato, no hablamos de ley general, sino de discrecionalidad de clase.
En el trasfondo está la pregunta por la igualdad ante la ley. En la misma contienda hay postulantes acusados o en juicio que siguen habilitados; Jadue, sin condena ejecutoriada, queda fuera. La presunción de inocencia se vuelve un lujo a la carta. Gramsci lo habría llamado coerción hegemónica: cuando el consenso no alcanza, la norma se interpreta de modo tal que el adversario quede encuadrado y el tablero, despejado.
Figueroa remata con el argumento democrático: “se está impidiendo al elector definir por quién votar”. Y ahí duele: las reglas que cercenan opciones populares no solo afectan a un candidato, sino al derecho colectivo a representar y ser representados. Angela Davis ofrece una brújula útil: “No hay democracia real sin garantías efectivas contra el abuso punitivo del Estado”. Convertir la cautela procesal en pena anticipada es, precisamente, ese abuso.
Desde la vereda práctica, el PC anunció que respaldará todas las acciones que emprenda Jadue, incluida la vía interamericana. Más allá del recorrido judicial, el efecto político ya está: el D9 se reconfigura a favor de la derecha tradicional, mientras el oficialismo exhibe grietas internas entre institucionalismo y garantismo. La moraleja es austera: sin estándares claros y generales—inhabilitar solo con condena firme por delitos expresamente definidos—, la cancha se inclina antes de jugar.
En síntesis: la exclusión de Jadue no solo redefine un distrito; ensombrece el estándar democrático. Si la inmunidad de las garantías depende de quién seas, la elección deja de ser un acto de soberanía y se vuelve un trámite administrado. Rosa Luxemburg lo dijo mejor: “La libertad es siempre la libertad de quien piensa distinto.” Hoy, en el D9, esa libertad quedó en suspenso.