Lo que queda en evidencia es una trama de influencias políticas, maniobras judiciales y redes de impunidad que han logrado postergar por más de un año un proceso que debía esclarecer graves acusaciones de fraude y corrupción en la región de Atacama. Para críticos del sistema, este caso es otra muestra de cómo la justicia opera con un doble estándar: flexible y acomodaticia con las élites políticas y empresariales, implacable con la ciudadanía común.
Por Equipo El Despertar
El esperado juicio contra el ex intendente de Atacama, Francisco Sánchez, acusado junto a su colaborador Rodrigo Albornoz de un millonario fraude a la minera Atacama Kozan, fue postergado hasta octubre de 2026 luego de que el abogado defensor de Albornoz, Patricio Pinto Castro, presentara una licencia médica de 20 días justo antes del inicio del proceso.
Lo escandaloso es que, pese a esa licencia, Pinto reapareció diez días después participando activamente en otra audiencia en el Juzgado de Garantía de Copiapó, donde defendió a imputados del Caso Fundaciones, en una jornada de más de cinco horas, mostrándose en “perfecto estado de salud”.
El episodio alimenta sospechas de una maniobra dilatoria para proteger a Sánchez y evitar que el juicio se desarrollara en medio de la campaña parlamentaria de 2025, en la que su aliado político y actual senador Rafael Prohens busca la reelección. Prohens, además, estaba en la lista de testigos que debía declarar en el juicio ahora aplazado.
Las dudas se profundizan por los vínculos entre Pinto y el ex fiscal regional de Atacama, Alexis Rogat, quien inicialmente decidió no llevar el caso a juicio. Tras dejar su cargo, Rogat ha litigado en la región junto a Pinto, en causas que involucran al propio Ministerio Público. A esto se suma la polémica inclusión entre los jueces del proceso de Lorena Rojo, hermana de la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, condenada y prófuga por fraude al fisco.
Lo que queda en evidencia es una trama de influencias políticas, maniobras judiciales y redes de impunidad que han logrado postergar por más de un año un proceso que debía esclarecer graves acusaciones de fraude y corrupción en la región de Atacama. Para críticos del sistema, este caso es otra muestra de cómo la justicia opera con un doble estándar: flexible y acomodaticia con las élites políticas y empresariales, implacable con la ciudadanía común.