La cancillería cubana presentó su informe anual sobre el embargo estadounidense (marzo 2024–febrero 2025) y puso un número sobre la mesa: US$ 7.556 millones en daños, un salto de 49% respecto del período previo. Pero Bruno Rodríguez fue al hueso: más allá de la contabilidad, hay “un daño humano extraordinario” que no cabe en planillas. Washington, con nueva administración republicana, ha endurecido el tornillo: regreso de Cuba a la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo, sanciones sobre remesas y restricciones de visado a autoridades y a terceros vinculados a las misiones médicas. Nada nuevo bajo el sol imperial: cuando no alcanza la diplomacia, habla la coerción económica.
El bloqueo (llámelo embargo si prefiere eufemismos) opera como una red de sanciones primarias y extraterritoriales que espanta bancos, encarece seguros marítimos, paraliza pagos y fragmenta cadenas de suministro. El resultado cotidiano no es un paper: son faltas de medicamentos y repuestos, apagones por cuellos de botella energéticos, y un surtido caprichoso en las tiendas. Eso explica el énfasis del canciller en el “daño humano”: el costo se paga en colas, en la angustia de las familias, en horas de trabajo desperdiciadas. Marx lo dijo sin flores: “Entre derechos iguales decide la fuerza” (El Capital, Libro I, Obras Escogidas, Progreso, 1980). En el mercado mundial, la “fuerza” es la moneda hegemónica y su sistema de castigos.
Sería torpe, sin embargo, reducir la debacle a un único culpable. Cuba arrastra una crisis de decadas por más de cinco años: caída del PIB cercana al 11%, poder adquisitivo diezmado, cortes eléctricos y escasez. Golpes externos (pandemia que canceló el turismo, remesas entorpecidas), entre otros. El bloqueo no inventa esos problemas; los amplifica y les añade un impuesto financiero brutal: cada importación cuesta más, cada crédito es más caro, cada banco prefiere cortar vínculos “por si acaso”.
La finalidad política de las sanciones no es misterio: forzar un cambio de régimen mediante el desgaste económico y la fractura del pacto social. La etiqueta de “terrorismo” funciona como navaja suiza: bloquea corresponsalías bancarias, encarece seguros, intimida a inversores medianos y asfixia las fuentes de divisas. El discurso liberal dirá que es “presión legítima por la democracia”, pero en la práctica, es la vieja aritmética imperial ejecutada mediante medidas ilegales, arbitrarias e inhumanas: hambre como arma de guerra, tal como lo hace Israel hoy en Gaza, pero sin bombardeo, un genocidio de baja intensidad. “El poder ejecutivo del Estado moderno no es más que un comité que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa” (Marx y Engels, Manifiesto…, Obras Escogidas). En Washington, ese comité habla en sanciones.
En términos de clase, el cerco reordena la sociedad cubana. Pierden primero los asalariados públicos y pensionados, salario real erosionado, colas, apagones, y ganan segmentos con acceso a divisas (remesas, turismo, exportaciones puntuales, intermediación) que pueden arbitrar entre pesos y dólares, o abastecerse en circuitos en moneda fuerte. La dolarización de facto vía tiendas en MLC y el peaje sancionatorio abren una grieta que el relato oficial no alcanza a suturar: la igualdad cede cuando el acceso diferencial a divisas decide quién consigue antibióticos… y quién no.
Del lado estadounidense, la política hacia Cuba es refén de cálculos electorales en Florida y de un consenso bipartidista que considera las sanciones como herramienta “barata” de control regional. La activación de resortes como Helms–Burton y las listas negras sobre remesas apuntan a lo mismo: estrangular la caja en divisas. Las recientes restricciones de visados a cuadros de gobierno y a quienes participan en misiones médicas apuntan, además, a deslegitimar una de las exportaciones de servicios más rentables de la isla. A nadie debería sorprender que el informe cubano exhiba un salto del costo anual: cuando se multiplican las válvulas de presión, sube el manómetro.
¿Y ahora qué? La isla llevará, como cada año, su resolución contra el embargo a la Asamblea General de la ONU, donde recogerá abrumadoras mayorías simbólicas. Sumar votos sirve para la tribuna; lo que alivia es salir de la lista de terrorismo, normalizar canales de remesas y destrabar pagos y seguros. Pero aun con válvulas abiertas, sin reformas internas que empujen productividad, en el campo, en la industria ligera, en logística, que descentralicen decisiones y transparenten cuentas, la escasez seguirá dándole argumentos a los halcones de Washington. No basta denunciar la cerca: hay que ensanchar la producción.
El cuadro, pues, es doblemente incómodo. Para Estados Unidos, el embargo ya es un fósil moral que aísla a Washington en Naciones Unidas, pero sigue sirviendo para disciplinar. Para Cuba, el cerco es un obstáculo estructural. Entre la piedra y la pared, quienes pagan son los de siempre: trabajadores y trabajadoras que sostienen la vida en condiciones cada vez más hostiles. El informe anual pone cifras; la vida cotidiana pone los rostros.