La coartada de siempre es “autonomía universitaria”. Bien. Autonomía para definir planes y programas, métodos y escuelas de pensamiento; no patente de corso para ocultar remuneraciones cuando se cobra al erario. Quienes hoy no abren planillas son, además, los campeones del credo gerencial: competitividad, transparencia, métricas, gobernanza. Qué curioso: la “gobernanza” se acaba cuando toca mirar la nómina de la alta dirección. Marx, con su habitual mala leche, lo dejó dicho: “Las ideas de la clase dominante son, en cada época, las ideas dominantes” (La ideología alemana, en Obras Escogidas, Ed. Progreso, 1980). Aquí la idea dominante es que la transparencia rige para el de abajo.
Por Equipó el Despertar
La escena es de manual: en la discusión del Presupuesto 2025 se acordó que toda institución que reciba fondos públicos debe informar las remuneraciones de su personal (glosas 21 y 22). Llega el día, y 13 universidades, entre ellas la Católica, la Diego Portales, los Andes, Adolfo Ibáñez y Finis Terrae, no entregan la información. Resultado: una fotografía nítida de la “autonomía universitaria” entendida como autonomía para la opacidad del capital. Cuando la plata es pública, el discurso de la libertad académica se vuelve súbitamente tímido.
Recordatorio material, por si alguien se hace el distraído: estas casas de estudio no viven del aire. Gratuidad, becas, créditos, investigación ANID, convenios de desempeño, arriendos y compras del Estado: todo eso es flujo de fondos públicos. Pesos públicos, reglas públicas. Si son capaces de reportar hasta el último paper para escalar en rankings, también pueden reportar quién se queda con el excedente. La resistencia no es técnica: es política. Defender privilegios gerenciales detrás de un biombo de “datos personales”.
La economía política del campus es simple: la plusvalía académica la produce una base de docentes a contrata y honorarios, investigadores precarizados por proyectos, administrativos con sueldos comprimidos; la renta se concentra en cúpulas rectorales, vicerrectorías, decanatos y aparatos de “gestión de calidad” que viven del overhead. Si el Estado pone la gasolina y la sociedad el auto, es razonable saber quién conduce… y con qué sueldo. No es “morbo”: es rendición de cuentas por cada peso que no va a docencia, investigación o bienestar estudiantil.
La coartada de siempre es “autonomía universitaria”. Bien. Autonomía para definir planes y programas, métodos y escuelas de pensamiento; no patente de corso para ocultar remuneraciones cuando se cobra al erario. Quienes hoy no abren planillas son, además, los campeones del credo gerencial: competitividad, transparencia, métricas, gobernanza. Qué curioso: la “gobernanza” se acaba cuando toca mirar la nómina de la alta dirección. Marx, con su habitual mala leche, lo dejó dicho: “Las ideas de la clase dominante son, en cada época, las ideas dominantes” (La ideología alemana, en Obras Escogidas, Ed. Progreso, 1980). Aquí la idea dominante es que la transparencia rige para el de abajo.
Si el instrumento es la glosa 22, el Gobierno no puede tratarla como poesía. Condicionalidad real o suspensión de transferencias: no hay tercera vía. Informe desagregado, con cargos, tramos, bonos, asignaciones y empresas relacionadas; auditoría independiente y publicación en formato abierto. ¿Protección de datos? Se resuelve con rangos y cargos si es necesario; lo que no se resuelve es el derecho de la ciudadanía a saber si paga universidades o paga cortesanas del management.
El cuadro de clase no requiere lupa: estudiantes endeudados o con becas insuficientes, profesores “por hora” encadenados a salas y planificaciones invisibles, y arriba una casta managerial que predica eficiencia desde oficinas con vista. La universidad deviene empresa y el estudiante, “cliente”. Si el Estado compra ese discurso, que al menos mire los costos fijos. Y no nos engañemos: cuando se discute transparencia, no se discute moral; se discute quién manda en la distribución del excedente.
Medidas mínimas para salir del pantano: (1) Criterio de múltiplo salarial: ningún directivo puede superar, digamos, 10 veces el salario mediano de la institución; (2) Piso laboral docente: tarifa mínima por hora con tiempo de preparación remunerado y estabilidad base; (3) Prohibición y publicación de operaciones con partes relacionadas; (4) Consejos paritarios (estudiantes, trabajadores, académicos) con veto suspensivo sobre políticas salariales de alta dirección cuando haya fondos públicos; (5) Registro nacional de sueldos universitarios con datos comparables. Transparencia con dientes, no con powerpoints.
Porque, en el fondo, esto no va de planillas: va de correlación de fuerzas. Las universidades que no entregan información señalan, con elegancia de comunicado, lo que Marx relató sin adornos: “Entre derechos iguales decide la fuerza” (El Capital, Libro I, Obras Escogidas). El derecho del contribuyente a saber y el derecho del rector a cobrar: ganará aquel respaldado por un Estado que haga cumplir su propia ley. ¿Habrá ley, o habrá aplauso? Ahí se verá de qué lado se inclina la “excelencia”.