El prontuario viene de antes. En La Reina, un exseremi y su esposa habitaron por décadas una propiedad fiscal de 833 m² (avalúo sobre $230 millones), dejaron de pagar cuando él fue autoridad, firmaron convenio, incumplieron, y recién en 2023 llegó el desalojo. Y el propio ministerio confirma que no operan criterios sociales para adjudicar viviendas a funcionarios: se prioriza planta, cercanía al trabajo y no ser propietario en la misma ciudad. O sea, el Estado social para la base; el Estado patrimonial para la casa. La distribución de la escasez, versión palacete.
Por Equipo El Despertar
La Unidad de Investigación de El Mostrador abrió la puerta y la escena es obscena: funcionarios de Bienes Nacionales, abogados, arquitectos, un exdelegado presidencial, arrendando propiedades fiscales por montos que parten en $25.896 y promedian menos de $50 mil. Algunos incluso ocuparse primero y regular después: ocupación “provisoria”, retroactivo en cuotas módicas, contrato asegurado. La norma estrella: el artículo 91 del Estatuto Administrativo, pensado para casos de mantención y vigilancia, hoy convertido en alfombra roja para profesionales que nada tienen que ver con abrir, cerrar y custodiar recintos. El Estado como casa okupa de guante blanco.
El mecanismo es tan sencillo como rentable: el inciso segundo del art. 91 permite cobrar una renta del 10% del sueldo asignado al cargo, pero en la administración ese “sueldo” es el sueldo base, una fracción del ingreso real. Resultado: la renta efectiva cae a ~2% del líquido. En paralelo, miles de asalariados pagan precios de mercado por piezas que superan con creces esos montos. Es la privatización silenciosa de la renta del suelo público a favor de una casta managerial. Marx y Engels ya sin máscara: “El poder ejecutivo del Estado moderno no es más que un comité que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa” (Manifiesto, Obras Escogidas, Progreso, 1980). Aquí el comité administra llaves, timbres y escrituras.
Casos concretos. Verónica Carvajal, asistente jurídica del MBN (RM), ocupó primero el departamento que pasó al fisco por herencia intestada; luego lo pidió formalmente. El ministerio la premió con contrato: retroactivo de $810.000 en 24 cuotas de $33.750 y canon de $135.000 mensuales. Se dejó constancia de que no se renunciaba a acciones penales… y después se dijo que “no hubo falta ni perjuicio fiscal”. Incluso apareció un “permiso provisorio” posterior a la ocupación. La magia de la legalidad elástica: primero el hecho, luego el papel, jamás el sumario.
No es excepción, es patrón. Daniel Fernández, exdelegado presidencial, desembarca en la Seremi de Coquimbo en octubre de 2023; nueve meses después ya tiene arriendo fiscal por $54.885, con sueldo cercano a $2,75 millones. ¿Mantención y vigilancia? No. ¿Rige el art. 91? Solo si se distorsiona su espíritu. Lo explicó un administrativista: mantención es aseo, apertura, cierre, alarmas; vigilancia es custodia para evitar robos y usurpaciones. Nada de eso hacen abogados, arquitectos, topógrafos. Pero cuando la letra cojea, “entre derechos iguales decide la fuerza” (Marx, El Capital, Libro I, Obras Escogidas): la fuerza de quien firma la resolución.
El prontuario viene de antes. En La Reina, un exseremi y su esposa habitaron por décadas una propiedad fiscal de 833 m² (avalúo sobre $230 millones), dejaron de pagar cuando él fue autoridad, firmaron convenio, incumplieron, y recién en 2023 llegó el desalojo. Y el propio ministerio confirma que no operan criterios sociales para adjudicar viviendas a funcionarios: se prioriza planta, cercanía al trabajo y no ser propietario en la misma ciudad. O sea, el Estado social para la base; el Estado patrimonial para la casa. La distribución de la escasez, versión palacete.
El mapa nacional no mejora: en Coyhaique hay funcionarios pagando $25.896, $32.017, $34.578. Varios casos incluyen ocupaciones previas “regularizadas” con retroactivos simbólicos y renovaciones por años. Y la perla: una secretaria ejecutiva en Santiago llegó a un departamento antes de firmar, pagó un retroactivo, y sigue en el inmueble aun sin trabajar ya en el servicio porque se cambió el uso a comercial. El reglamento como plastilina, la propiedad pública como patio privado.
La economía política del asunto es transparente: se socializa el activo (todos aportan) y se privatiza el usufructo (pocos disfrutan). Se degrada el precio de arriendo con una base de cálculo tramposa; se invoca una norma diseñada para conserjes públicos y se la aplica a profesionales; se omite el sumario y la denuncia al Ministerio Público cuando corresponde. Esto no es “falla de control”: es diseño de clase. “La llamada acumulación originaria no tiene nada de idílica” (Marx, El Capital, Libro I). Aquí se llama despojo administrativo del suelo fiscal.
Lo mínimo para detener el saqueo elegante: (1) Prohibición absoluta de arrendar inmuebles fiscales a funcionarios del propio servicio y sus familias; (2) Si se habilitan excepciones por mantención/vigilancia, que sean cargos específicos, con concursos públicos y contratos de custodia; (3) El 10% se calcula sobre remuneración total (base + asignaciones + bonos), no sobre el espejismo del “sueldo del cargo”; (4) Subasta pública y arancel de referencia por avalúo fiscal y mercado; (5) Sumario obligatorio y denuncia penal por ocupaciones previas; (6) Registro abierto y trazable de todos los inmuebles fiscales, ocupantes, cánones y renovaciones. Transparencia con dientes, no con diplomas.
Porque, si no, seguiremos viendo la misma película: discursos de probidad arriba, arriendos de ganga abajo; comunicados solemnes, permisos provisorios retroactivos; “no hay daño fiscal”, pero sí renta privada extraída de bienes comunes. Estado de clase en estado puro: comités que administran negocios —y departamentos— a favor de los suyos, mientras se sermonea al pueblo sobre “legalidad” y “mérito”.