En paralelo, el sello securitario: Trump anunció la designación de Antifa como organización terrorista, pese a tratarse de un movimiento descentralizado sin estructura formal. Traducción material: difuminar la frontera entre disidencia y terrorismo para criminalizar protesta. Los expertos advierten sobre el choque con libertades civiles; el oficialismo responde con retórica de “izquierda radical” y bautiza al Partido Demócrata como “organización doméstica extremista”. El país de la Primera Enmienda con manual de excepción permanente.
Por Equipo El despertar
Donald Trump volvió a decir lo que la burguesía suele hacer en silencio: amenazó con quitar permisos de emisión a cadenas que “lo golpean”, “97% en mi contra”, calculó, mientras su administración cancela programas críticos (Jimmy Kimmel en ABC) y aplaude despidos en medios y aerolíneas por comentarios incómodos sobre el asesinato de Charlie Kirk. La coartada: “no tienen permitido hacer eso, son un brazo del Partido Demócrata”. El resultado: el presidente se atribuye poder sobre licencias para domesticar parrillas y audiencias. Sí, la libertad de expresión… para quien aplaude.
La ofensiva no se limita a micrófonos. El gobierno empuja represalias administrativas (revocar visados a extranjeros “que celebren” la muerte de Kirk), procura despidos ejemplares y firma decretos para penalizar la quema de la bandera, expresión protegida por la Primera Enmienda, mientras restringe el acceso de la AP a eventos por no obedecer un capricho toponímico (“golfo de América”). No es una anécdota; es un método: presión política + sanción institucional + espectáculo punitivo para educar a las redacciones.
En paralelo, el sello securitario: Trump anunció la designación de Antifa como organización terrorista, pese a tratarse de un movimiento descentralizado sin estructura formal. Traducción material: difuminar la frontera entre disidencia y terrorismo para criminalizar protesta. Los expertos advierten sobre el choque con libertades civiles; el oficialismo responde con retórica de “izquierda radical” y bautiza al Partido Demócrata como “organización doméstica extremista”. El país de la Primera Enmienda con manual de excepción permanente.
Esto no va de modales; va de clase y aparato de Estado. La prensa corporativa pertenece a conglomerados que, en general, lucra con rating y publicidad —no con verdad ni democracia—. Trump desnuda la ecuación habitual: si los dueños no disciplinan lo suficiente, el Ejecutivo amenaza con licencias, contratos y acceso. Marx y Engels lo dejaron sin barniz: “El poder ejecutivo del Estado moderno no es más que un comité que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa” (Manifiesto del Partido Comunista, Obras Escogidas, Ed. Progreso, 1980). El comité hoy le recuerda a los suyos que gobierno y grilla son vasos comunicantes.
El encuadre moral es un decorado. Se invoca la defensa contra la “censura progresista” de la era Biden —moderación de contenidos en redes, fact-checking— para legitimar una censura presidencial de mayor voltaje: quitar permisos, cancelar voces, perseguir a opositores. A derecha y a izquierda, la tentación es la misma: convertir la esfera pública en propiedad. Y cuando “derechos iguales” —el del público a informarse y el del gobernante a no ser criticado— chocan, “entre derechos iguales decide la fuerza” (Marx, El Capital, Libro I, Obras Escogidas). La fuerza, aquí, es el Estado con su arsenal regulatorio.
La deriva autoritaria también es negocio: cada “guerra cultural” atrae audiencias cautivas; cada decreto punitivo fortalece contratos con seguridad, plataformas y abogados; cada etiqueta de “terrorismo” abre presupuestos y “excepciones” en nombre del orden. La política deviene industria y la industria compra política. “Restaurar la libertad de expresión”, prometieron; traducen: liberar la concentración mediática y amordazar la disidencia que toque intereses.
Una salida mínima —si de democracia material hablamos— exige blindajes: independencia real de los reguladores, prohibición explícita de usar licencias como arma política, cláusulas anti-represalia en contratos públicos, transparencia total de reuniones gobierno–medios–anunciantes, y garantías robustas para protestas (sí, incluso cuando molestan a los accionistas). Sin cortar el cordón umbilical entre poder y parrilla, cada presidente vendrá con su tijera.
La moraleja es brutal en su simpleza: no hay “debate de ideas” si uno de los debatientes controla el micrófono, la puerta y la nómina. El veto de hoy es el ensayo general del de mañana. Y como recordatorio final: “La violencia es la partera de toda sociedad vieja que lleva en sus entrañas otra nueva” (Marx, El Capital, Libro I). Si la nueva sociedad que paren es una donde el presidente decide qué se puede decir, no la llamen libertad: es dominio con mejor iluminación.