El detonante es económico: un ajuste neoliberal con la eliminación del subsidio al diésel (de US$ 1,80 a US$ 2,80 por galón) como protagonista principal. En un país donde el diésel mueve transporte, alimentos y trabajo rural, subirlo así es un recorte salarial indirecto: aumenta el costo de reproducción de la vida sin tocar la ganancia. Silvia Federici lo sintetiza: cuando el capital ajusta, traslada el costo de la reproducción a hogares, y sobre todo a las mujeres; Marx lo diría en su idioma: la fuerza de trabajo se abarata por decreto. El “ahorro” fiscal no cae del cielo: sale del bolsillo popular.
Por Equipo El Despertar
Una semana de paro indígena en Ecuador deja un saldo duro: un manifestante muerto , 12 militares heridos, 17 retenidos, denuncias de represión y acusaciones oficiales de “emboscadas” a convoyes. El epicentro está en Imbabura; allí, en Otavalo, un millar de personas atacó un cuartel policial e incendió vehículos, con detenciones posteriores (12 indígenas y 2 venezolanos, estos últimos vinculados por el Gobierno, como siempre hace la derecha, al Tren de Aragua. La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, separó discursivamente “manifestantes” de “estructuras criminales” y prometió diálogo con unos y ley dura con otros, pero lo que se ve an la calle, claramente es otra cosa.
La CONAIE denuncia uso letal de la fuerza, “represión” en La Esperanza y bloqueos/limitaciones de internet en comunidades de Cotacachi y Otavalo; el Gobierno habla de convoyes humanitarios atacados y de terrorismo. En paralelo, la protesta deja daños en infraestructura: la Empresa de Agua de Ibarra reportó rotura de una red bajo el puente de Rumipamba, con cortes del servicio. En la calle y en el relato, se consolida un libreto conocido: criminalización desde arriba, resistencia desde abajo.
El detonante es económico: un ajuste neoliberal con la eliminación del subsidio al diésel (de US$ 1,80 a US$ 2,80 por galón) como protagonista principal. En un país donde el diésel mueve transporte, alimentos y trabajo rural, subirlo así es un recorte salarial indirecto: aumenta el costo de reproducción de la vida sin tocar la ganancia. Silvia Federici lo sintetiza: cuando el capital ajusta, traslada el costo de la reproducción a hogares, y sobre todo a las mujeres; Marx lo diría en su idioma: la fuerza de trabajo se abarata por decreto. El “ahorro” fiscal no cae del cielo: sale del bolsillo popular.
El Estado responde con securitización extrema y el Estado de Derecho cruje al intentar aplastar al soberano. “No confundan protesta con crimen”, repite el Gobierno, mientras despliega militares y abre causas por terrorismo. Gramsci lo explicó hace un siglo: cuando el consenso no alcanza, crece la coerción. Si se confirma que Fuerez murió por impacto de bala de FFAA, como sostiene la CONAIE, estamos ante un punto de quiebre que exige investigación independiente, cadena de custodia y sanción. Angela Davis recuerda lo obvio: la represión no resuelve problemas sociales; los oculta a tiros.
Nada de esto es nuevo en Ecuador. En 2019 y 2022, la misma CONAIE forzó a Moreno y Lasso a retroceder cuando intentaron desmontar subsidios para cumplir con metas del FMI. Samir Amin llamó a esto ajuste permanente: una arquitectura centro–periferia que estabiliza balanzas para los acreedores y desestabiliza la vida de las mayorías. Ruy Mauro Marini lo nombró superexplotación: el trabajador paga la crisis dos veces, en salario y en precios.
El Gobierno derechista de Daniel Noboa defiende la medida: dice redirigir los US$ 1.100 millones del subsidio a “los más vulnerables” y golpear a bandas que usan combustible en el narcotráfico y la minería ilegal. La contabilidad moral suena bien; la material, no tanto: un alza generalizada del diésel castiga a transportistas, agricultores, pequeños comerciantes y comunidades mucho antes de rozar al crimen organizado. Es más fácil encarecer el combustible que cobrar impuestos progresivos al capital. Marx y Engels se ahorrarían el eufemismo: “El Estado moderno no es sino el comité que administra los negocios comunes de toda la burguesía” (Obras Escogidas, Progreso, 1980).
Salir del atolladero requiere política, no solo patrullas. Pistas mínimas: moratoria a detenciones por “terrorismo” a manifestantes; mesa con garantes para revisar el decreto; subsidios focalizados a transporte rural/urbano y cadenas alimentarias; fondo de estabilización con financiamiento tributario arriba (rentas extraordinarias, patrimoniales) en vez de cargar la cuenta abajo; auditoría del uso de “ahorros” y cronograma público de compensaciones. Y, sí, investigación autónoma por la muerte de Fuerez.
La disyuntiva no es “diálogo o autoridad”, sino qué autoridad y para quién. Si la respuesta al encarecimiento de la vida es militarizar provincias y taponar internet, la conflictividad no baja: se agrava. Rosa Luxemburg lo dejó dicho: “O socialismo o barbarie”. En Ecuador, traducido a lo inmediato: o la crisis fiscal se resuelve cobrando a los de arriba y protegiendo la vida de los de abajo, o la barbarie del ajuste se impondrá con fusil y decreto.