Lo problemático no es la verificación, sino su uso político. La derecha mediática y parte del bloque empresarial corren a instalar que, si hay una ficha mal clasificada, entonces el conjunto es sospechoso. Es la misma estrategia de siempre: desviar la atención del delito estructural, el plan represivo que quebró al movimiento popular para imponer el neoliberalismo, hacia una anécdota, para luego presentar la historia oficial como “ideología”.
Por Equipo El Despertar
El Gobierno informó que el Plan de Búsqueda detectó un presunto caso de falsa detenida desaparecida asociado a Bernarda Vera. La novedad, comprensible en términos de depuración de registros, fue de inmediato convertida en munición por sectores que insisten en relativizar el terrorismo de Estado de la dictadura. El libreto es transparente: tomar una anomalía y hacerla pasar por regla, para insinuar que la memoria democrática es exageración o, peor, fraude.
Pongamos las cosas en su sitio. En Chile hubo crímenes de lesa humanidad: más de 2.000 ejecutados, más de 1.400 detenidos desaparecidos, decenas de miles de torturados y presos políticos, registrados por Rettig y Valech. Un caso dudoso no borra esa montaña de evidencia judicial y testimonial. Que el Estado, por fin, esté cotejando archivos y corrigiendo listados no deslegitima la memoria: la fortalece. Como diría Engels, “la verdad siempre es revolucionaria” cuando desmonta la mentira útil al poder.
Lo problemático no es la verificación, sino su uso político. La derecha mediática y parte del bloque empresarial corren a instalar que, si hay una ficha mal clasificada, entonces el conjunto es sospechoso. Es la misma estrategia de siempre: desviar la atención del delito estructural —el plan represivo que quebró al movimiento popular para imponer el neoliberalismo— hacia una anécdota, para luego presentar la historia oficial como “ideología”. Marx y Engels lo dijeron sin barniz: “El Estado moderno no es sino el comité que administra los negocios comunes de la burguesía” (Obras Escogidas, Progreso, 1980). Ese comité prefiere el olvido a la justicia.
Hay otra trampa en curso: oponer memoria a gestión. “No distraigamos a las instituciones con el pasado”, repiten, mientras piden mano dura en el presente. Esa “gestión” sin memoria es la coartada para sostener impunidad cultural. Angela Davis lo advirtió: sin verdad, justicia y reparación, la violencia institucional se recicla. La “excepción” de ayer vuelve por otras vías si no se le cierra el paso con investigación y sanción.
El Plan de Búsqueda debe seguir su trabajo con transparencia radical: metodologías públicas, trazabilidad de hallazgos, correcciones comunicadas con rigor, resguardo de las familias y protocolos para rectificar sin revictimizar. Depurar no es demoler; es honrar a las víctimas distinguiendo error de mala fe. Gramsci lo llamaría batalla por la hegemonía: quién narra el pasado para orientar el presente.
Que algunos pretendan hacer de un caso dudoso la prueba de que “todo fue mentira” es una indecencia. La dictadura no necesita propaganda para exhibir su rostro: ahí están Villa Grimaldi, Londres 38, Chacabuco, los archivos militares que aún se esconden, los cuerpos que no vuelven. “La violencia es la partera de toda sociedad vieja preñada de una nueva” (Marx, El Capital, t. I); acá fue la partera de un orden económico que todavía cobra su factura. Por eso la memoria duele a los que hoy se benefician del modelo.
La responsabilidad del Gobierno es doble: blindar el Plan de Búsqueda de la politiquería y acompañar a las familias frente a cada rectificación. Y la de la sociedad democrática, más simple y más difícil: no permitir que un caso aislado sea utilizado para normalizar el negacionismo. Memoria no es nostalgia: es garantía de no repetición.