¿A quién golpea la multa? A quienes más cuesta llegar a la mesa: trabajadores con jornadas extensas, cuidadoras, población periférica sin transporte, migrantes con trámites enredados y miedo a controles. La sanción monetaria es un impuesto a la precariedad. Angela Davis lo diría en su idioma: las respuestas punitivas no solucionan el problema de fondo; solo castigan la marginación. En lugar de facilitar el voto (feriado efectivo, transporte gratuito, horarios laborales protegidos, locales cercanos, voto anticipado o por correspondencia), se cobra por no cumplir.
Por Equipo El Despertar
La diputada Joanna Pérez (Demócratas) acusó que el acuerdo para aprobar la multa por no votar fue producto de un “chantaje” del Gobierno, imputando al entonces titular de la Segpres y hoy ministro del Interior, Álvaro Elizalde, haber condicionado la tramitación: “o se quedan sin multas o legislamos en materia del voto extranjero”. La ofensiva llega el mismo día en que la Cámara podría zanjar el texto en Sala. En paralelo, el oficialismo defiende la negociación y la actual jefa de la Segpres, Macarena Lobos, es presentada por Pérez como un contrapunto “dialogante”.
Más allá del cruce, el fondo es claro: se punitiviza la participación (multa) al mismo tiempo que se estrecha el padrón (debate sobre sufragio de extranjeros). Dos movimientos que, combinados, disciplinan a las mayorías y seleccionan quién cuenta. En el fondo, la burocracia estatal decide que votar sea obligación sancionable para los de abajo y derecho revisable para los extranjeros de abajo.
Pérez recuerda que la Constitución consagra el voto obligatorio desde 2023, pero sin ley de multa, “un hazmerreír”, dice, y acusa que el Gobierno operó “con calculadora en mano” para forzar un paquete que incluyera restricciones al sufragio de extranjeros. Incluso relata que desempolvaron un proyecto que hablaba de “ciudadanos” en vez de “electores” para destrabar la multa, aceptando de facto que los extranjeros queden fuera de sanción… y, por la misma puerta, habilitando que queden fuera del voto si así se pacta. Gramsci lo llamaría hegemonía por ingeniería legal: cambiar palabras para reordenar el cuerpo electoral.
¿A quién golpea la multa? A quienes más cuesta llegar a la mesa: trabajadores con jornadas extensas, cuidadoras, población periférica sin transporte, migrantes con trámites enredados y miedo a controles. La sanción monetaria es un impuesto a la precariedad. Angela Davis lo diría en su idioma: las respuestas punitivas no solucionan el problema de fondo; solo castigan la marginación. En lugar de facilitar el voto (feriado efectivo, transporte gratuito, horarios laborales protegidos, locales cercanos, voto anticipado o por correspondencia), se cobra por no cumplir.
El segundo filo es xenófobo: ligar la multa al “voto extranjero” instala el frame de que el “problema” del sistema electoral son los inmigrantes, no la desafección ni las barreras materiales. Es una jugada vieja: restringir la democracia cuando las clases populares cambian de composición. Fanon advirtió cómo el poder usa las fronteras para administrar ciudadanía de primera y de segunda; en versión criolla, el “elector legítimo” se estrecha cuando conviene. La maniobra no amplía el demos: lo depura.
El Gobierno dirá que sin incentivo (multa) no hay participación masiva. La evidencia social enseña lo contrario: cuando se bajan costos y se garantiza el tiempo de votar, la participación sube sin necesidad de castigar. Además, en un contexto de abusos económicos y deudas (tarjetas, arriendo, servicios), añadir una multa es apretar aún más la soga. Samir Amin llamaba a esto ajuste por otras vías: también se gobierna recaudando de los de abajo para sostener el orden de arriba.
El remate político es transparente: el “gallito” por la multa se usa como moneda de cambio para redefinir quién vota y quién no. Se negocia la arquitectura del sufragio como si fuera un reglamento menor, cuando se trata del derecho político básico. Rosa Luxemburg dejó la regla: “La libertad es siempre la libertad de quien piensa distinto”. Si el acceso al voto depende de la billetera o del pasaporte, ya no hablamos de libertad: hablamos de permiso.