Los imputados fueron formalizados esta semana por los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes, asociación criminal y uso indebido de medios públicos. El tribunal decretó prisión preventiva para los cinco acusados, considerando la gravedad de los hechos y el riesgo para la seguridad pública.
Por: Equipo El Despertar
El Ministerio Público reveló que una red de exfuncionarios de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) utilizó vuelos institucionales para trasladar drogas sintéticas entre regiones, generando ganancias que superarían los 60 millones de pesos en tan solo tres envíos realizados entre enero y julio de este año.
La investigación, liderada por la Fiscalía Metropolitana Occidente, señala que los involucrados, cinco exintegrantes de la FACh, habrían traficado al menos cuatro kilos de ketamina, sustancia de alto valor en el mercado ilícito. Los envíos fueron realizados desde Santiago hacia el norte del país, camuflados en cargamentos oficiales y bajo resguardo militar.
Los imputados fueron formalizados esta semana por los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes, asociación criminal y uso indebido de medios públicos. El tribunal decretó prisión preventiva para los cinco acusados, considerando la gravedad de los hechos y el riesgo para la seguridad pública.
Según fuentes del caso, la banda actuaba con una estructura jerárquica clara, aprovechando sus cargos y conocimientos operativos para evadir controles. La ketamina era ingresada a dependencias militares y luego despachada por vía aérea bajo documentos internos, evitando inspecciones civiles.
El uso de aeronaves institucionales ha generado profunda preocupación en el Ejecutivo. El ministro de Defensa, en una escueta declaración, señaló que “se trata de hechos gravísimos que deben investigarse hasta las últimas consecuencias”, y aseguró que “no se descarta ampliar las auditorías internas a otras ramas de las Fuerzas Armadas”.
Desde el Congreso, diversas bancadas han exigido mayor fiscalización del uso de recursos en las FF.AA. y un fortalecimiento de los mecanismos de control civil. La diputada Camila Rojas (FA) declaró que “estos casos muestran que necesitamos abrir las cajas negras institucionales y democratizar el control de las fuerzas armadas”.
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y organizaciones de derechos humanos también se han sumado a la crítica, argumentando que los privilegios institucionales no pueden traducirse en impunidad.
La FACh no es ajena a denuncias por uso irregular de fondos públicos. Sin embargo, esta es la primera vez que se investiga un caso de tráfico de drogas utilizando infraestructura militar. Expertos advierten que este episodio podría ser solo la punta del iceberg en una red más amplia de corrupción institucional.
El “Caso FACh” representa un nuevo golpe a la credibilidad de las Fuerzas Armadas chilenas. La ciudadanía exige respuestas, el país exige justicia, y la transparencia se vuelve urgente no solo como demanda ética, sino como base para el funcionamiento democrático de un Estado que debe proteger, no delinquir.ige justicia, y la transparencia se vuelve urgente no solo como demanda ética, sino como base para el funcionamiento democrático de un Estado que debe proteger, no delinquir.