Desde el Gobierno chileno, la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Gallegos, valoró la decisión, afirmando que respalda la creación del programa Chile Cuida y el proyecto de ley que busca reconocer el derecho al cuidado en el país. Sin embargo, el desafío no es solo legal: la gran pregunta es cómo se materializa este derecho en un modelo neoliberal que privatiza y mercantiliza el cuidado, transfiriéndolo casi en exclusiva a las familias —y dentro de ellas, a las mujeres— sin recursos ni apoyo efectivo.
Por Equipo El Despertar
La Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció oficialmente la existencia de un “derecho autónomo al cuidado”, vinculándolo a la preservación de la vida y al funcionamiento de la sociedad. Según el fallo, este derecho implica garantizar el bienestar integral de las personas a través de tres dimensiones: ser cuidado, cuidar y el autocuidado, abarcando tanto la atención a quienes dependen de otros como las condiciones dignas para quienes ejercen labores de cuidado.
El tribunal sostuvo que los Estados deben adoptar medidas legislativas y políticas para hacer efectivo este derecho, con base en los principios de corresponsabilidad social y familiar, solidaridad, igualdad y no discriminación. Esto incluye asegurar tiempo, espacios y recursos para que las personas puedan cuidar o ser cuidadas, así como procurar su propio bienestar.
Desde el Gobierno chileno, la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Gallegos, valoró la decisión, afirmando que respalda la creación del programa Chile Cuida y el proyecto de ley que busca reconocer el derecho al cuidado en el país. Sin embargo, el desafío no es solo legal: la gran pregunta es cómo se materializa este derecho en un modelo neoliberal que privatiza y mercantiliza el cuidado, transfiriéndolo casi en exclusiva a las familias, y dentro de ellas, a las mujeres, sin recursos ni apoyo efectivo.
Desde una mirada marxista, este reconocimiento internacional representa un avance en la formalización jurídica de una necesidad humana básica, pero también un riesgo de ser cooptado como mera política social asistencialista. Mientras el cuidado siga dependiendo de la capacidad de pago, de la sobreexplotación de trabajadoras domésticas precarizadas o de la carga no remunerada que asume el hogar, el “derecho” será letra muerta. El capital necesita esa reproducción de la fuerza de trabajo, pero no está dispuesto a asumir sus costos.
En última instancia, garantizar el derecho al cuidado implica socializar y desmercantilizar las tareas reproductivas, integrándolas en un sistema público robusto y de acceso universal. Esto solo es posible si se cuestiona la lógica de acumulación que las subordina a la rentabilidad y si se reconoce que, como advirtió Engels, no hay verdadera emancipación mientras la vida cotidiana y la reproducción social sigan esclavizadas por las condiciones del capital.