La resolución judicial se suma a decenas de casos en los que el Estado ha debido responder por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la represión de las protestas. Sin embargo, las organizaciones de víctimas recuerdan que las indemnizaciones no sustituyen la ausencia de justicia penal, ya que la mayoría de los responsables directos y mandos superiores siguen en la impunidad.
Por Equipo El despertar
El Poder Judicial condenó al fisco a pagar una indemnización de 90 millones de pesos a un profesor que perdió un ojo tras recibir el impacto de un proyectil disparado por Carabineros durante las protestas de la revuelta popular en 2019. El fallo reconoce que la acción policial fue ilegítima y desproporcionada, violando los derechos fundamentales de la víctima.
Según la sentencia, el hecho ocurrió mientras el docente participaba pacíficamente en una manifestación, cuando un funcionario de Fuerzas Especiales disparó una escopeta antidisturbios, impactándolo en el rostro. El tribunal estableció que Carabineros actuó sin cumplir protocolos y sin respetar los estándares internacionales sobre uso de la fuerza.
La resolución judicial se suma a decenas de casos en los que el Estado ha debido responder por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la represión de las protestas. Sin embargo, las organizaciones de víctimas recuerdan que las indemnizaciones no sustituyen la ausencia de justicia penal, ya que la mayoría de los responsables directos y mandos superiores siguen en la impunidad.
El abogado del profesor señaló que este fallo “confirma la responsabilidad del Estado en la mutilación ocular masiva ocurrida durante el estallido”, y advirtió que “sin sanciones ejemplares, estos hechos podrían repetirse”. Entre octubre de 2019 y marzo de 2020, más de 400 personas sufrieron lesiones oculares en Chile, según datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Aunque el pago de la indemnización representa un reconocimiento parcial del daño, las víctimas y sus organizaciones siguen exigiendo verdad, justicia y garantías de no repetición, en un país donde las heridas del estallido social siguen abiertas y donde la represión policial continúa siendo un problema estructural.