El caso pone en evidencia la asimetría de poder en los conflictos por tierra y vivienda, donde las comunidades deben enfrentar procedimientos extensos y costosos, mientras que empresas y particulares con recursos logran resoluciones rápidas y ejecutables en cuestión de días. Para los críticos, este patrón es una muestra de cómo el sistema judicial actúa con mayor celeridad cuando están en juego intereses económicos consolidados.
Por Equipo El Despertar
El reciente desalojo de un terreno en Curanilahue, ejecutado por Carabineros, ha generado fuertes críticas de abogados defensores y organizaciones sociales, que acusan vulneraciones al debido proceso y un actuar alineado con intereses privados. El operativo, que dejó a decenas de familias sin vivienda, se realizó en medio de cuestionamientos a la rapidez con que la justicia atendió la solicitud de la parte demandante.
Según la defensa, el desalojo se efectuó sin que se agotaran las instancias judiciales y sin garantizar alternativas habitacionales para las personas afectadas, muchas de ellas mujeres y niños. “Aquí se privilegió una respuesta exprés para un actor privado, mientras que las familias no tuvieron siquiera tiempo de preparar una defensa adecuada”, señalaron los abogados.
El caso pone en evidencia la asimetría de poder en los conflictos por tierra y vivienda, donde las comunidades deben enfrentar procedimientos extensos y costosos, mientras que empresas y particulares con recursos logran resoluciones rápidas y ejecutables en cuestión de días. Para los críticos, este patrón es una muestra de cómo el sistema judicial actúa con mayor celeridad cuando están en juego intereses económicos consolidados.
La situación en Curanilahue no es aislada: en distintas regiones, organizaciones de pobladores han denunciado que el aparato estatal y policial opera como garante de la propiedad privada concentrada, incluso a costa de dejar a familias en la intemperie. En contraste, las políticas de acceso a vivienda social avanzan lentamente, sin resolver la creciente demanda habitacional que ya supera las 600 mil familias a nivel nacional.
Para los habitantes desalojados, lo ocurrido es la confirmación de que el Estado protege con firmeza el derecho de unos pocos a acumular terrenos, mientras millones carecen de un lugar donde vivir dignamente. En Curanilahue, la lucha por un techo se topó de frente con el muro del poder judicial y policial, y con un modelo que entiende la vivienda más como mercancía que como derecho humano.