El exdiputado y actual candidato a senador recordó que Pinochet enfrentó más de 300 querellas, pero murió amparado por la “democracia tutelada” del pacto transicional. “Jueces que dilataban causas, políticos que negociaban su impunidad en nombre de la estabilidad, empresarios ocultando su riqueza ilícita: fue un entramado de protección de clase. Pinochet no fue un ‘accidente’, fue el proyecto de las élites, resguardado hasta el final”, enfatizó.
Por Equipo El Despertar
El reciente fallo del 7° Juzgado Civil de Santiago, que ordena a los herederos de Augusto Pinochet restituir al fisco más de 16 millones de dólares obtenidos mediante malversación de fondos públicos, marca un hito simbólico en la historia judicial chilena. Así lo señaló el abogado de derechos humanos Hugo Gutiérrez, aunque advirtió que la decisión también desnuda las limitaciones estructurales de un sistema que permitió que el dictador muriera sin condena penal.
“El fallo confirma lo que siempre denunciamos: la fortuna de Pinochet fue producto del robo al Estado. Pero también ratifica la incapacidad, o falta de voluntad, de la justicia chilena para condenar sus crímenes de lesa humanidad. Lo económico puede repararse décadas después, lo penal quedó en la más descarada impunidad”, sostuvo Gutiérrez en entrevista con El Ciudadano.
El exdiputado y actual candidato a senador recordó que Pinochet enfrentó más de 300 querellas, pero murió amparado por la “democracia tutelada” del pacto transicional. “Jueces que dilataban causas, políticos que negociaban su impunidad en nombre de la estabilidad, empresarios ocultando su riqueza ilícita: fue un entramado de protección de clase. Pinochet no fue un ‘accidente’, fue el proyecto de las élites, resguardado hasta el final”, enfatizó.
Gutiérrez advirtió además que la sombra de la dictadura sigue presente en la institucionalidad: la Constitución de 1980 aún rige como pilar, leyes represivas como la Antiterrorista se siguen aplicando de manera discriminatoria contra el pueblo mapuche y los defensores ambientales, mientras los delitos económicos de las élites reciben sanciones mínimas o nulas. “Cuando un comunero mapuche es procesado bajo Ley de Seguridad del Estado, y un empresario acusado de corrupción negocia clases de ética, lo que queda claro es que la justicia chilena no es neutral: protege a los poderosos y castiga a los pobres”, acusó.
La sentencia civil contra los herederos de Pinochet es, en palabras del abogado, “una victoria simbólica contra la impunidad económica”, pero insuficiente. “Devolver millones robados no compensa a los miles de ejecutados, torturados y desaparecidos. Y hoy vemos con horror que la ultraderecha pretende reinstalar la idea de que las atrocidades de la dictadura fueron necesarias, incluso deseables de repetir. Eso es inaceptable: la memoria y la justicia no se negocian”.
En definitiva, el caso Riggs y sus secuelas muestran la doble cara del sistema: puede sancionar tardíamente el robo de dinero público, pero aún es incapaz de juzgar los crímenes de clase y de sangre que cimentaron el modelo neoliberal chileno. La herencia de Pinochet no está solo en las cuentas secretas de su familia, sino en la impunidad estructural de un Estado construido para blindar a las élites.