El libelo presentado describe con detalle los hechos imputados y su encuadre en normas del Código Penal, lo que llevó a la Suprema a desestimar todos los argumentos de la defensa. Con ello, se confirma que el suspendido persecutor de Aysén deberá sentarse en el banquillo y enfrentar cargos que van desde filtraciones en causas de narcotráfico hasta omisión de denuncia por ofrecimientos indebidos ligados al entorno de la exministra Ángela Vivanco.
Por Equipo El Despertar
La Segunda Sala de la Corte Suprema rechazó la apelación presentada por la defensa del suspendido fiscal Carlos Palma y confirmó lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Coyhaique, dando luz verde a su formalización en el marco de la querella por filtrar información al abogado Luis Hermosilla, imputado en el Caso Audio, emblema de la corrupción entre grandes estudios jurídicos y autoridades.
El fallo, suscrito por los ministros Leopoldo Llanos, María Gajardo, Eliana Quezada y Juan Ferrada, recuerda que los fiscales, conforme a la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, son responsables civil, disciplinaria y penalmente por sus actos. Y agrega que, tratándose de delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, corresponde impulsar la acción penal, en este caso por la presunta entrega de datos reservados al abogado Hermosilla, conocido operador de las élites políticas y empresariales.
El libelo presentado describe con detalle los hechos imputados y su encuadre en normas del Código Penal, lo que llevó a la Suprema a desestimar todos los argumentos de la defensa. Con ello, se confirma que el suspendido persecutor de Aysén deberá sentarse en el banquillo y enfrentar cargos que van desde filtraciones en causas de narcotráfico hasta omisión de denuncia por ofrecimientos indebidos ligados al entorno de la exministra Ángela Vivanco.
El caso de Palma resulta especialmente escandaloso porque hasta hace pocos años era presentado como un fiscal “incómodo” para el poder, pero ahora su nombre aparece vinculado a tramas de tráfico de influencias y protección a intereses oscuros. Su presunta complicidad con Hermosilla lo conecta directamente con el entramado de impunidad corporativa que estalló con el Caso Audio, donde se revelaron los vínculos entre abogados de alto perfil, jueces, fiscales y empresarios.
Este nuevo episodio confirma una realidad inocultable: el Ministerio Público, institución llamada a perseguir el crimen y la corrupción, está cruzado por los mismos vicios que dice combatir. Desde irregularidades en nombramientos de fiscales nacionales hasta vínculos con el narco y grandes estudios de abogados, la seguidilla de escándalos ha minado la legitimidad de la fiscalía frente a la ciudadanía.
La formalización de Palma no solo es un golpe personal: es la constatación de que la corrupción no es una anomalía sino un mecanismo estructural del Estado chileno, donde operadores como Hermosilla articulan redes que involucran a jueces, fiscales y políticos de gobierno y oposición.
Mientras jóvenes mapuche, pobladores o pequeños traficantes enfrentan penas severas y cárcel inmediata, los fiscales y abogados de las élites gozan de años de impunidad, apelaciones interminables y un sistema judicial indulgente con los poderosos. Que recién en 2025 se formalice a Palma por hechos denunciados hace tiempo muestra la desigual vara con que se mide la justicia en Chile.
La pregunta es inevitable: ¿hasta qué punto el juicio a Palma es un verdadero intento de limpiar el Ministerio Público, y hasta qué punto es apenas un ajuste de cuentas interno para preservar un sistema que permite a los de arriba seguir blindados mientras se criminaliza a los de abajo?