El fracaso de la mesa técnica por la megatoma de San Antonio revela crudamente la contradicción estructural entre el derecho de las mayorías a un techo digno y el poder de una minoría propietaria que trata la tierra como simple mercancía. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) informó que los dueños del terreno exigieron un precio que triplicaba la tasación oficial, asumiendo la negociación como si se tratara de “una compraventa más”, sin importar que allí vivan más de 10 mil personas organizadas en 4 mil hogares.
En lugar de reconocer la urgencia social y la magnitud del drama humano, la inmobiliaria San Antonio eligió atrincherarse en su lógica especulativa, demostrando que en Chile la propiedad privada del suelo opera como un candado que bloquea cualquier solución estructural al déficit habitacional. Así, la vida y la dignidad de miles de familias quedaron subordinadas al cálculo de rentabilidad de un puñado de empresarios.
El Minvu, que en este proceso solo jugó un rol técnico, intentó viabilizar el financiamiento a través de BancoEstado y propuso alternativas de tasación para acercar posiciones. Incluso logró que el 90% de las familias se organizaran en cooperativas de vivienda, un paso histórico para formalizar la demanda popular. Sin embargo, todo ese esfuerzo se estrelló contra la intransigencia de los propietarios, que no movieron un ápice su mirada mercantil.
Aquí no estamos frente a un “fracaso técnico”, sino a la expresión más descarnada del modelo neoliberal: mientras el Estado se reduce a mediador, las comunidades deben suplicar acceso a la tierra y los grandes dueños imponen condiciones como si vendieran cualquier activo financiero. La megatoma de San Antonio no es un problema de “orden público” como pretende la derecha, sino un síntoma de un país donde el suelo y la vivienda están secuestrados por el capital inmobiliario.
El desenlace inmediato puede ser el desalojo, pero lo que queda claro es que el conflicto no terminará allí. Mientras la propiedad de la tierra siga sometida al lucro, las tomas seguirán apareciendo como forma de resistencia popular. Lo que se necesita no son más mesas técnicas, sino un cambio profundo: expropiación de terrenos ociosos, fortalecimiento de las cooperativas y un Estado que garantice vivienda como derecho social y no como negocio.