Crítica al fetichismo fiscal y la neutralización del Estado como agente de transformación
Desde su instauración, la llamada “regla fiscal” ha sido presentada como un mecanismo “responsable” para evitar la prociclicidad, es decir la posibilidad de que el Estado intervenga para aminorar las crisis que el mismo capitalismo genera, castigando al pueblo pero salvando al capital. Pero el análisis marxista revela que su objetivo real ha sido otro: imponer límites a la acción estatal para impedir cualquier desafío a la hegemonía del capital. El Estado, lejos de ser un árbitro neutral, es el instrumento político de la clase dominante (Engels, Del socialismo utópico al socialismo científico). Por tanto, toda arquitectura fiscal debe leerse no en términos técnicos, sino como expresión institucional de la lucha de clases.
Por Editor El Despertar
La regla fiscal chilena, no es un mecanismo técnico ni neutro. Es, en cambio, un instrumento político al servicio del capital monopolista financiero, diseñado para asegurar la reproducción del orden burgués mediante la neutralización del gasto estatal y la consolidación de la dominación de clase.
Presentada bajo el ropaje del equilibrio estructural, el control del gasto y la sostenibilidad de la deuda, esta arquitectura fiscal cumple la función ideológica de convertir las necesidades del capital en verdades técnicas inapelables. Al subordinar el Estado al fetiche del equilibrio presupuestario, la regla fiscal elimina toda posibilidad de que la política pública actúe como palanca para la transformación social. La izquierda que acepte estas reglas no solo se vuelve inofensiva, sino funcional al orden burgués.
Desde su instauración, la llamada “regla fiscal” ha sido presentada como un mecanismo “responsable” para evitar la prociclicidad, es decir la posibilidad de que el Estado intervenga para aminorar las crisis que el mismo capitalismo genera, castigando al pueblo pero salvando al capital. Pero el análisis marxista revela que su objetivo real ha sido otro: imponer límites a la acción estatal para impedir cualquier desafío a la hegemonía del capital. El Estado, lejos de ser un árbitro neutral, es el instrumento político de la clase dominante (Engels, Del socialismo utópico al socialismo científico). Por tanto, toda arquitectura fiscal debe leerse no en términos técnicos, sino como expresión institucional de la lucha de clases.
Chile es una formación social capitalista periférica, subordinada a los dictados del capital internacional. La regla fiscal surge como respuesta a la necesidad de garantizar a los acreedores y a las clasificadoras de riesgo que el Estado chileno no actuará en contra de los intereses del capital financiero. En palabras de Marx: “El Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa.”
Toda política fiscal que no rompa con esta lógica reproduce la subordinación estructural de la clase trabajadora al capital. Bajo esta regla, el gasto público se convierte en un rehén de los “ingresos estructurales”, definidos por comités de “expertos” que actúan como guardianes ideológicos del capital.
Hablar de “responsabilidad fiscal” sin hablar de lucha de clases es como hablar de guerra sin armas. Esta noción no es técnica, es ideológica. El supuesto “equilibrio estructural” no es más que la prohibición de utilizar los recursos del Estado en beneficio de las mayorías explotadas.
“Un presupuesto equilibrado en condiciones de desempleo es tan absurdo como tratar de curar una enfermedad ignorando su causa.”
Lo que está en juego no es el déficit ni la deuda: es quién manda y para qué sirve el Estado. Bajo el capitalismo, el gasto social solo es aceptable si no altera la tasa de ganancia ni el dominio ideológico del capital.
El Estado no es un ente neutral. Es la forma política de la dominación económica. Su función bajo el capitalismo es doble: por una parte reproducir las condiciones de explotación del trabajo asalariado, y desactivar cualquier posibilidad de transformación revolucionaria, por otra.
La regla fiscal chilena cumple ambas funciones al inmovilizar al Estado como agente de transformación y convertirlo en un simple garante de la acumulación capitalista. El capital teme la falta de ganancia… pero aún más teme la intervención del Estado que no esté bajo su control directo.
Las consecuencias de la regla fiscal son claras y previsibles desde un punto de vista marxista: Primero, la neutralización del gasto público transformador. Todo intento de inversión estratégica (educación, salud, transición energética, sistema de cuidados) se subordina a parámetros contables impuestos por la clase dominante. Consistentemente provoca una reproducción mecánica del modelo exportador primario dependiente, ya que impide el impulso a una estrategia nacional de desarrollo, favoreciendo la especialización en sectores controlados por el gran capital (minería, forestal, financiero).
Como si lo anterior fuera poco, contribuye al mantenimiento del ejército industrial de reserva, ya que al evitar que el estado intervenga para disminuir el desempleo, este opera como arma útil al capital para disciplinar a la fuerza de trabajo, es decir, se mantiene como herramienta de control social. “El capital tiene horror a la ausencia de trabajo desempleado. Es el látigo invisible que obliga al obrero ocupado a someterse.” (Marx, El Capital, T. I)
Por último, provoca una desmovilización de la izquierda institucional, ya que la aceptación acrítica de la regla fiscal por parte de partidos “progresistas” los convierte en meros gestores del capital, y en enemigos de clase del proletariado.
Al contrario de lo que vemos en estos días, lo que la izquierda debe hacer, si quiere seguir siendo izquierda, no es modificar la regla, debe abolirla. No con decretos, sino con lucha de masas. La izquierda debe abandonar toda ilusión tecnocrática y romper con la lógica del “equilibrio fiscal” como criterio de justicia: la única responsabilidad que la izquierda tiene es con la clase trabajadora, no con el FMI.
Por lo mismo la izquierda debe planificar el gasto estatal como instrumento de lucha de clases, para promover una Inversión pública masiva en sectores estratégicos, sin subordinación al “balance estructural”. De la misma manera, debe impulsar una reforma tributaria que otorgue al estado una mayor cantidad de recursos permanentes para atender las necesidades de la clase trabajadora, asegurar sus derechos sociales y protección de las mayorías nacionales.
Lo anterior hace indispensable construir poder popular y órganos de democracia directa, ya que los parlamentos burgueses no son el terreno de la emancipación, aunque debamos siempre participar de ellos.
Por último, la izquierda no debe nunca dejar de desenmascarar el carácter de clase del Estado, como instrumento de dominación de clase y avanzar hacia su superación.
La regla fiscal chilena es el reflejo institucional de la dictadura del capital financiero. No hay manera de hacerla “progresista” sin destruir su función. Si la izquierda quiere realmente representar a la clase trabajadora, debe romper con la lógica de gestión del capitalismo y construir una alternativa que ponga al centro al ser humano y no a la economía. Porque como dice Marx, la emancipación de los trabajadores será obra de los propios trabajadores.